Criminalización de la protesta
Por: Mariana AtencioDos veces a la semana Yamile Saleh sale llorando del fondo de una cárcel subterránea en Caracas conocida como “La Tumba,” luego de visitar a su único hijo, Lorent, de 26 años.
“No le deseo esto a ninguna madre”, dijo Yamile. “Lo que me está ocurriendo a mí le puede pasar a cualquier madre en Venezuela”.
Otra madre, Jacqueline Muñoz, tiene pesadillas después de ser castigada con regularidad en una cárcel de mujeres. Estuvo recluida durante casi un año, después de que oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron su casa en busca de evidencias de una novela que estaba escribiendo acerca de las protestas.
La castigaban con algo que ellos llaman “pollito”. “Te hacen agachar, agarrada por los pies, por los tobillos, y te ponen a caminar…”, relató.
Todas las noches, Marco Coello, un joven de 19 años, trata de conciliar el sueño, imposible de alcanzar por el estrés postraumático que sufre producto de las torturas de las que fue víctima al ser arrestado en una protesta.
Marvinia Jiménez, una costurera de la ciudad de Valencia, tiembla al caminar por la avenida donde fue brutalmente golpeada por una funcionaria del gobierno cuando trataba de fotografiar a Guardias Nacionales disparando a estudiantes.
“Yo fui en busca de evidencias de violación de derechos humanos”, dijo. “Y terminé siendo la protagonista de las evidencias”.
A pesar de que la golpiza fue grabada en un video que se volvió viral, Jiménez está siendo acusada de cinco delitos. Teme por su vida y la vida de su hijo, pues su agresora sigue libre y hace unos meses su casa fue baleada por grupos afectos al gobierno.
El padre de Ivette González tuvo el final más aterrador: terminó ahorcado en una celda de dos por tres metros. Rodolfo, de 64 años, presuntamente se suicidó en la cárcel. Ivette responsabiliza a la autoridades, quienes, según ella, torturaron psicológicamente a su padre amenazándolo con trasladarlo a una cárcel de alta peligrosidad.
“No responde nadie”, dijo. “Aquí se quedó una familia desolada y triste. La vida sigue. Y mi papá está muerto”.
El tormento de la familia de Ivette continúa. Su madre, Josefa González, de 67 años, también está siendo acusada por el gobierno y está en libertad bajo régimen de presentación.
Estrategia de intimidación
Estos son cinco de más de 150 casos de trato cruel (incluyendo tortura) reportados por Naciones Unidas en Venezuela después de las protestas del año pasado. Según el organismo, 3,300 personas, incluídas varias menores de edad, fueron detenidas entre febrero y junio de 2014.
Después de que 43 personas murieron en manifestaciones violentas en la primera mitad de 2014, al gobierno de Nicolás Maduro no le ha temblado la mano para impedir otra ola de protestas callejeras. Para ello ha recurrido a la detención arbitraria de disidentes, quienes suelen ser sujetos a actos crueles, inhumanos o degradantes.
Según Naciones Unidas, dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las acciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones o discriminar por razones de género.
Esto es particularmente preocupante dado que Venezuela fue elegido como miembro del Comité de Seguridad de Naciones Unidas hasta diciembre de 2016.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de la ONU también han manifestado su preocupación por el hecho de que el líder opositor Leopoldo López y el Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, sigan presos. Y porque en enero de 2015 el Ministerio de la Defensa aprobó una resolución que permite el uso de armas mortales para detener las protestas.
La estrategia de intimidación parece estar funcionando. Las calles están vacías a pesar de que la economía ha empeorado considerablemente, la violencia va en ascenso y los controles de precios, la monstruosa inflación y la escasez de productos básicos han hecho de la vida diaria un ejercicio de supervivencia. El miedo debilita.
Paso a la tortura
“Este gobierno se ha especializado en torturar no solo física sino psicológicamente a la gente que no piensa igual que ellos”, dice Mariana de Carrero de 26 años, cuyo esposo Gerardo fue detenido hace un año cuando las autoridades destruyeron un campamento estudiantil en frente de la sede de Naciones Unidas en Caracas. Gerardo Carrero estuvo detenido en “La Tumba” durante seis meses.
Mariana dijo que a su esposo le salieron “manchas en la piel, especialmente en la espalda”, por estar en esa cárcel.
“Le salieron manchas color negro porque no veía el sol. Sus ojos eran amarillos, las ojeras eran gigantes, su piel estaba totalmente blanca, a pesar de que mi esposo era moreno afincado”, dijo.
Gerardo fue transferido a otra cárcel del SEBIN en febrero, pero su esposa afirma que la tortura ha continuado.
“En el Helicoide (la sede del SEBIN) fue torturado físicamente, le partieron tablas en las piernas, estuvo colgado por más de 12 horas con las manos suspendidas en el aire”, le dijo Mariana a Noticias Univision vía skype.
En marzo, un experto en derechos humanos del centro Robert F. Kennedy testificó ante el Senado de Estados Unidos explicando en detalle cómo los detenidos en “La Tumba” sufren de vómitos, diarrea, fiebre y alucinaciones, y se les niega adecuado tratamiento médico.
“Ese lugar es un laboratorio”, dijo Yamile, la madre de Lorent Saleh, quien lleva ocho meses allí recluido. “Están analizando lo que piensan, lo que dicen, con cámaras y micrófonos”.
Saleh intentó suicidarse en su celda, según pudo confirmar Noticias Univision. Sus abogados dijeron más tarde que el evento ocurrió el 20 del mismo mes.
Su caso es complejo. En septiembre de 2014 fue deportado desde Colombia, acusado de violar las normas de proselitismo político. A Saleh se le acusaba también de participar en eventos de grupos neo-nazis. En Venezuela se le acusa de rebelión, entre otros cargos.
Sin embargo, Naciones Unidas criticó recientemente a Colombia por no verificar si había probabilidades de que Saleh fuese torturado si era enviado a Venezuela.
Un compañero de Lorent, Gabriel Valle, también está recluido en “La Tumba”.
El Presidente de Venezuela y el Defensor del Pueblo no respondieron a las solicitudes de entrevista de Noticias Univision y su cadena hermana, Fusion, sobre estos casos.
Regreso al pasado
Todos estos relatos son una novedad en la Venezuela actual. La ciudadanía no ha hablado de tortura desde los tiempos del dictador Marcos Pérez Jiménez en los años cincuenta del siglo pasado. Pero en diciembre de 2014 Venezuela tuvo que comparecer ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.
Para Gonzalo Himiob, defensor de derechos humanos del Foro Penal Venezolano, el maltrato de opositores se ha convertido en política de estado.
“El uso del miedo, el uso político del sistema judicial, la persecución… están enviando el mensaje de que si sales a protestar en contra del gobierno eres un enemigo del estado, un criminal”, aseveró.
Naciones Unidas define la tortura como “cualquier acto por medio del cual dolor o sufrimiento severo -tanto físico como mental- es causado intencionalmente… por medio de un funcionario público… con el propósito de confesión, coerción o castigo”.
Armando y Doris Coello dicen que eso fue precisamente lo que le ocurrió a su hijo Marco. El joven de 19 años fue detenido en una protesta y arrestado durante siete meses, acusado de conspirar con Leopoldo López a quienes ellos aseguran ni siquiera conocía.
“Han acudido a juicio 80 testigos evacuados, y hasta ahora no han logrado traer elementos suficientes para la culpabilidad de Marco”, dijo Doris, sentada al lado de su hijo, quien mostró su cara ante las cámaras por primera vez desde su detención.
El padre de Marco dijo que su hijo está lidiando con estrés postraumático y está siendo sometido a tratamiento psiquiátrico.
“Le dieron descargas eléctricas”, dijo Armando Coello sobre su hijo. “Lo rociaron con gasolina, amenazándolo de posiblemente encenderlo. Y lo amenazaron diciéndole que sabían dónde vivían sus padres, y que firmara porque si no sus padres iban a padecer las consecuencias”.
“Marco Aurelio fue golpeado brutalmente por siete funcionarios”, dijo Doris, su madre. “Fue envuelto en una goma espuma con tirro y golpeado con extinguidores, bates, palos y apuntado con armas de fuego; inclusive intentaron hacerle firmar una confesión donde dijese que él había incendiado unas patrullas”.
Castigo a la desilusión
Pero los estudiantes no son los únicos que han sido detenidos y maltratados.
Ivette González dice que su padre Rodolfo, un piloto retirado, estuvo detenido en El Helicoide durante 10 meses, acusado de ser el “articulador logístico” de las protestas. Rodolfo había votado por Hugo Chávez en el pasado y decía estar desilusionado con el proyecto chavista. El Presidente Maduro lo llamó “El aviador” en una cadena nacional.
“Tortura física no tuvo jamás, pero psicológica sí, porque lo amenazaban con trasladarlo, y ese fue su mayor tormento esa semana”, dijo Ivette.
Después de que una Comisión del Ministerio Penitenciario le hizo una revisión con el pretexto de enviarlo a Yare, una de las peores cárceles del país, González presuntamente se ahorcó en su celda. Nunca fue llevado a juicio.
La fiscal encargada de su caso fue Katherine Harrington, parte del grupo de siete funcionarios multados por el gobierno de Barack Obama por violaciones de derechos humanos. Harrington también llevaba el caso de Lorent Saleh. Recientemente fue promovida a Ministra.
“En Venezuela nadie está exento de ser privado de libertad si no está de acuerdo con las ideas socialistas”, dijo Elenis Rodríguez, abogada y miembro de FUNDECI, una ONG de derechos humanos. “Venezolano que no esté acorde, y no se ajuste a esa política es perseguido, es vigilado. Y si esa persona se atreve a disentir, puede ser privada de libertad, independientemente de su edad y de su estatus social”.
“Patriotas cooperantes”
Rodolfo González, “El aviador”, fue acusado de apoyar la causa de los estudiantes por un vecino; un escenario que se ha vuelto común en Venezuela y que ha incrementado el miedo entre un amplio sector de la población.
Los grupos pro-gobierno, según los opositores, son similares a los “chivatos” cubanos: operan en secreto y se hacen llamar “patriotas cooperantes“.
María Magalis, de 55 años, fue acusada por un “patriota cooperante” de tuitear contra del gobierno. El SEBIN arrestó a su hijo, Leonardo, para que ella tuviese que ir a buscarlo al módulo policial y allí fue detenida. Su hija, Leyda la acompañó y le dijo a Noticias Univision que los oficiales tenían documentos con todos los tuits impresos, enmarcados en círculos rojos.
“Tenían todo”, dijo. “La dirección IP, el señalamiento desde la raíz de dónde empezaba el twitter, hasta quién era el proveedor del servicio. Tenían la foto del vecino, tenían la foto de su mamá que está muerta. Incluso el SEBIN llegó días antes de la detención a la casa del vecino”, dijo.
Para el momento en que fue arrestada, la cuenta de Magalis en twitter, @marletmaga, tenía 1,200 seguidores. Fue una de ocho tuiteros presos entre agosto y octubre del año pasado por colocar mensajes críticos al gobierno.
Magalis, quien tenía un delicado cuadro de salud, fue liberada el 10 de abril. Tiene prohibido legalmente usar las redes sociales.
La política del miedo
Los casos relatados son apenas una pequeña muestra de lo que ha pasado en Venezuela en el último año. Pero son ilustrativos de la política del miedo impuesta por el gobierno para evitar las protestas.
Marco todavía no puede conciliar el sueño.
Jacqueline intenta publicar su novela, pero no quiere volver a la cárcel.
Al salir de su casa, Marvinia teme por su vida.
Y todos los lunes y viernes se puede ver a Yamile Saleh sentada en Plaza Venezuela viendo el edificio en cuyo sótano está su hijo. Las lágrimas le corren por los pómulos y lamenta su situación. Pero dice con valor, “¿cómo hace uno para decirle a un hijo que no quiera al país, que no lo quiera, que no lo quiera, que no vale la pena luchar por Venezuela?”.