Iguala: impunidad, violencia y narcopoder

Desaparecidos, violencia, corrupción, narcotráfico, fosas clandestinas, cuerpos sin identificar. Iguala, la ciudad en la que se forjó la independencia de México, cambió su ilustre pasado por un presente macabro. En esta ciudad de casi 130,000 habitantes, en la que se yergue el monumento a la bandera tricolor, se han escrito algunas de las horas más oscuras del país.

Difícil encontrar un ejemplo más completo y complejo que el de Iguala para resumir la historia de violencia, corrupción y poder generados por las mafias que campean en el México del siglo XXI.

Jóvenes marginados, empujados por la pobreza a mendigar para estudiar y salir adelante. Jóvenes entre quienes las semillas de la igualdad y la solidaridad ha calado hondo y por las que están dispuestos a luchar. Y luchan. Salen a las calles, protestan, alzan la voz y reclaman. Exigen justicia social, que se acabe la corrupción y la pobreza, pero sobre todo la impunidad. Y que en más de una ocasión encuentran balas como respuesta.

Eso fue lo que pasó en Iguala de la Independencia –ese es el nombre completo de la ciudad- el 26 de septiembre de 2014 cuando un grupo de unos 80 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a hasta allí a buscar dos buses para poder recorrer el Estado de Guerrero haciendo sus prácticas de magisterio. Los alumnos tienen un pacto con las empresas de transporte que ceden los buses a cambio de que no haya violencia en las tomas de los vehículos y de que se los devuelvan en buen estado. Los alumnos los utilizan y los regresan. Vuelven a los pocos días en busca de más buses, que el Estado no provee, como tampoco provee la totalidad de los recursos que necesitan los 570 alumnos de Ayotzinapa. Obligados, salen en busca de recursos para subsistir, estudiar y recibirse de maestros. Para tener una profesión que les permita sacar a sus familias de la pobreza en la que viven.

Según la investigación de la Procuraduría General de la República, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ordenó atacar a los estudiantes. Los policías municipales, que hasta entonces custodiaban a los alumnos durante las tomas de buses para que no hubiera desmanes, dispararon a matar. Y mataron. Seis personas fallecieron en el ataque, 25 resultaron heridas y a 43 de los estudiantes se los llevaron detenidos. Los policías de Iguala entregaron a los jóvenes a policías de Cocula, quienes a su vez entregaron los alumnos a Guerreros Unidos, el grupo criminal que controla Iguala. Nunca más se supo de ellos.

Manuel Olivares es secretario técnico de la Red de Derechos Humanos en Guerrero y asesor de los padres de los 43 desaparecidos. Y atribuye lo que pasa a la corrupción oficial. “El gobierno primero contribuye a la formación, al crecimiento y fortalecimiento de los grupos del narcotráfico para poder utilizarlos en contra del movimiento social. Y eso le brinda la oportunidad de decir pues nosotros no fuimos. Si hay un acto de represión, un asesinato selectivo en contra de luchadores sociales, el gobierno se deslinda y dice: Nosotros no somos, son otros actores”, explica Olivares.

El caso que comenzó con la denuncia de sobrevivientes y familiares recayó en manos de la Fiscalía General de Guerrero. Tras 39 días, Iñaki Blanco, su titular, renunció. También el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el escándalo y la presión social que generó el caso y la aparición, una tras otra, de fosas clandestinas de las que no paraban de sacar cuerpos. Hasta ahora, más de 50. Ninguno pertenece a los estudiantes de Ayotzinapa.

El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, tardó más de 10 días en hacerse cargo del caso, alegando que la primera etapa le correspondía al Procurador Estatal, que terminaría renunciando semanas después. “Los 10 días son los que tuvo en su poder la investigación en el Estado de Guerrero conforme a su competencia mientras no se había definido la competencia federal”, se excusó Murillo Karam.

“Resulta realmente incomprensible que la máxima autoridad judicial de Mexico no pueda vincularse a una investigación, en las primeras horas, en los primeros días”, dice José Manuel Vivanco, experto en América Latina de Human Rights Watch.

Desde que se hizo cargo, la PGR ha investigado diferentes hipótesis. Una de ellas sugiere que el alcalde de Iguala mandó a frenar a los estudiantes a pedido de su esposa, María de los Ángeles Pineda Vila, quien esa noche lanzaba su candidatura para poder suceder a su esposo. La mujer temía que los estudiantes llegaran hasta su bunker político a plantarle cara. Los alumnos aseguran que ni siquiera sabían de ese acto.

Tres hermanos de María de los Ángeles Pineda Vila formaron parte del cartel de los Beltrán Leyva, del cual nació luego Guerreros Unidos, el grupo que habría participado en la masacre.

Otra de las hipótesis sostiene que el alcalde dio la orden porque estaba harto de las protestas de los estudiantes y “se la tenía jurada” a los alumnos que en 2013 protestaron y escracharon a Abarca, luego de que un sobreviviente de un secuestro denunciara ante la Justicia que había sido de testigo de cómo el primer edil había matado de un escopetazo al líder de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.

“Habíamos presentado la denuncia en la Procuraduría del Estado, habíamos presentado un juicio de revocación del cargo (de Abarca) en el Congreso, habíamos ido a la PGR y nadie atendió”, dice Sofía Mendoza, viuda de Cardona. “Hay un sobreviviente de la matanza, que está sufriendo hostigamiento. Lo persiguen a él y a su familia”, denuncia.

“Es una represión sorda. Es una guerra del gobierno contra los movimientos de baja intensidad cuando lo único que nosotros estamos poniendo son los muertos”, dice Vicente Estrada Vega, maestro jubilado y egresado de Ayotzinapa y uno de los compañeros del conocido líder guerrillero Lucio Cabañas, formado en la misma escuela.

“No es un caso aislado. ¿Quiere que le mencione los chorros de sangre que han corrido por el Estado? Están frescos todavía los muertos. Todavía no llegan a ser cadáveres, todavía están enteros”, se indigna Vicente.

Otra línea de investigación de la PGR sostenía que los estudiantes fueron atacados y desaparecidos porque se negaron a distribuir droga para Guerreros Unidos. El estado de Guerrero es uno de los mayores productores de amapola, la flor con la que producen los opiáceos como la heroína, una de las drogas que mantienen el imperio de los narcos.

“Soy guerrerense y los he visto actuar multitud de veces. Han entrado aquí a nuestra Normal en años anteriores porque no hemos permitido la distribución de enervantes dentro de la institución. Cuando no lo hemos permitido han venido por compañeros y los han golpeado. Han entrado armados”, recuerda Ómar García, alumno de la escuela y un sobreviviente de Iguala. “En este país, precisamente, si algo queda impune son los actos de la delincuencia organizada”, asegura con firmeza.

Los alrededores de Iguala están rodeados de cerros, como la mayoría de las poblaciones de Guerrero, donde las ondulaciones en el terreno son mucho más que un lindo paisaje. Los vecinos de la colonia San Miguelito los llaman “el cementerio de los Guerreros Unidos”. Expertos creen que en esa zona podría haber unas 500 fosas clandestinas.

Loma del Zapatero, Cerro Gordo, Pueblo Viejo y La Parota son los lugares preferidos por Guerreros Unidos y otros grupos criminales para ocultar los cuerpos de sus víctimas. En Cerro Gordo encontraron 28 cuerpos el 4 de octubre de 2014. El jueves 9 en Loma de Zapatero aparecieron cuatro fosas más con restos humanos. Cinco días más tarde, la Policía Comunitaria halló otras cuatro fosas en el área de La Parota. El 15 de octubre, en Loma de Zapatero, la misma Policía encontró seis nuevas fosas con cuerpos. Geografía del horror.

Desde el 26 de septiembre de 2014 han caído dos alcaldes (Abarca y su mujer fueron detenidos el 4 de noviembre, y su sucesor solo resistió unas horas en el cargo), el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre pidió licencia y dejó su cargo y el fiscal de Guerrero Iñaki Blanco renunció el 4 de noviembre poco después de la salida del gobernador. Era uno de sus hombres de confianza. 22 policías de Iguala fueron detenidos, 14 agentes de Cocula también fueron capturados y apartados de sus cargos. En total, hay unas 50 personas arrestadas. Las últimas tres detenciones fueron anunciadas por el procurador general, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014 junto con el relato oficial de la masacre.

Según dijo, tres hombres confesaron haber presenciado la ejecución de los 43 estudiantes y participaron en la desaparición de los cuerpos. Los detenidos dicen que tras matar a los estudiantes, quemaron los cuerpos y quebraron los huesos para meterlos en bolsas que arrojaron al río San Juan, cercano a Cocula.

No era la primera vez que delincuentes detenidos por las autoridades confesaban haber matado a los estudiantes. Tampoco era la primera en que señalaban un lugar como el punto donde arrojaron los cuerpos de los jóvenes. Con las cenizas y los restos recuperados en el río, el Equipo Argentino de Antropología Forense –que trabaja en el caso a pedido de los familiares- solo pudo identificar a uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Se trata de Alexander Mora Venancio. Del resto, aún no se sabe nada.

Con cada declaración o descubrimiento, la desesperación de los padres aumenta y disminuye la esperanza de que los jóvenes regresen vivos. Algunos papás, incluso, se animan a pedir la renuncia de hasta el mismo Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, que durante los primeros dos meses apenas hizo tibias declaraciones sobre el caso. “El 30 de septiembre, a los cuatro días de la desaparición, el comentario que lanza, es que este es un problema de Iguala, como si se tratara de Guatemala”, destaca Vivanco de HRW.

Para muchos, Peña Nieto ha fallado en el manejo de la crisis. Las palabras “narcotráfico” y “crimen organizado” desaparecieron del vocabulario público del mandatario. Así lo demuestra una revisión de los mensajes al país en 2013 y 2014. El Presidente no usó ni una sola vez estas expresiones relacionadas con el problema número uno del país.

El mismo día de la desaparición de los estudiantes, cuando la noticia ya había estallado en los medios mexicanos, Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter:

La prioridad ahora: la reactivación económica. Estar listos para recibir turistas de la temporada vacacional de invierno, a final de octubre

— Enrique Peña Nieto (@EPN) septiembre 26, 2014

 

 

Ricardo Raphael es periodista, analista político y dice: “El Gobierno operó para que se bajara el tono de la crítica. La mayoría de los medios aceptaron esa regla, en parte, porque amanecieron seducidos con el actual gobierno”.

Dos días antes de la masacre, el Presidente mexicano recibía en Nueva York un premio como estadista mundial. “Estaba el presidente en Washington y Nueva York dando discursos sobre el México anticorrupción, el México sustentable y de abajo de la tumba salió la mano que le dijo: No, también este es el otro México”, destaca Raphael.

“Hoy cualquiera te amenaza, ya no te puedes bajar del carro sin estar mirando, no puedes dejar tu puerta abierta, no puedes estar seguro”, dice Graciela Ledesma Narváez, cuyo hermano, abogado de profesión, fue asesinado en 2006. Y aclara: “Es por la impunidad, porque cualquiera puede hacer cualquier cosa en este país y no va a recibir castigo siempre y cuando pueda pagarle a una autoridad”.

“Nadie está vacunado contra la violencia en México”, dice. “Cualquier persona, haga lo que haga está expuesta a que se lleven, secuestren, desaparezcan o asesinen a un familiar”, advierte Graciela, miembro del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Un comité que, según ella, no debería existir si el estado de derecho tuviera plena vigencia en México.

México figura hoy en la lista de los países más violentos del mundo con más de 22,732 homicidios en 2013, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Un promedio de 1,894 al mes, 437 por semana, 62 muertos por día, 2,58 por hora.

Y ese no es su único récord. La Procuraduría General de la República confirmó en agosto del año pasado que hay más de 23,000 desaparecidos en el país. Lo que quiere decir que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es tan sólo la punta del iceberg.

Una punta lo suficientemente alta, sin embargo, para que no solo en México, sino en todo el mundo, el caso de Iguala haya despertados una solidaridad pocas veces vista. Miles de personas, en México y el mundo se han volcado a la calle en los últimos seis meses para protestar por los hechos de Iguala. Y las redes sociales han registrado actos de solidaridad en casi todos los rincones del mundo. El hashtag #AccionGlobalporAyotzinapa se volvió litaralmente global. La desaparición de los alumnos de la escuela rural será muy difícil de olvidar. (Juega con la siguiente visualización para ver los actos de solidaridad con Ayotzinapa alrededor del mundo).