La frontera de México con Estados Unidos es el símbolo más visible de la guerra contra la inmigración ilegal. Políticos radicales y moderados del Partido Republicano y algunos demócratas coinciden en que la zona se debe fortalecer pese a que el número de indocumentados que la cruzan se ha reducido.
En lo que difieren es en la magnitud del proyecto. La propuesta más ambiciosa, pregonada por Donald Trump, consiste en construir un muro de concreto a lo largo de las casi 2,000 millas.
En cualquier caso la frontera es una vez más una oportunidad de negocios para las empresas de defensa y seguridad. Además de las barreras físicas ya instaladas, el gobierno federal le está apostando a una tecnología que ya fracasó.
En 2011, la Oficina de Protección Fronteriza debió cancelar el proyecto SBI-net system de vigilancia virtual de la frontera que había asignado a la empresa Boeing. Hasta ese momento había costado 1,100 millones de dólares y solo cubría 53 millas en el estado de Arizona.
“La tecnología que usaron no funcionaba nada. Porque estaba en el desierto y la arena fue un problema con las cámaras. Cuando había un viento, las cámaras no funcionaban. Tampoco podían distinguir inmigrantes y animales cruzando en el desierto”, explicó Marc Rosenblum, analista de Migration Policy Institute.
Una investigación de la Oficina de Contabilidad del Congreso, GAO, por su nombre en inglés, detectó 1,300 defectos en equipos entre los cuales citó fallas en las pruebas e incumplimientos sistemáticos.
El muro virtual ha sido levantado de nuevo. El gobierno adjudicó un contrato para la adquisición de un sistema similar a la empresa EFW, Inc, filial de Elbit Systems of America, una subsidiaria de la firma israelí Elbit Systems. Para obtener el contrato de 145 millones de dólares, Elbit presentó como parte de su experiencia la construcción del muro que separa a Israel de Palestina conocido como la Barrera Israelí de Cisjordania. Este contrato es parte de un paquete de 700 millones de dólares.
La ejecución del nuevo contrato ya está dando señales preocupantes. En marzo de 2014 la directora de GAO, Rebeca Gambler, explicó a un subcomité de la Cámara de Representantes que en general los calendarios y estimaciones de los programas “reflejan algunas pero no todas las mejores prácticas”. Citó como ejemplo que los cronogramas “no son del todo creíbles por lo que CBP no ha identificado todos los riesgos que muy posiblemente podrían demorarse”.
Los estados también lloran
Varios estados han entendido lo efectivo que resulta obtener fondos cuando se combinan algunos de los sinónimos del miedo a la inmigración ilegal para pedirlos. Texas está a la cabeza y lo ha logrado como parte del plan de blindar la frontera común con México.
En una decisión sin precedentes, el estado invertirá 800 millones de dólares en los próximos dos años en un operativo de seguridad diseñado para cerrarles el paso a los inmigrantes que entran a Estados Unidos a través de su frontera sur. De esta forma Texas se convierte en el estado fronterizo con México que más gasta en este esfuerzo. La inversión de Nuevo México, Arizona y California juntos es menor al uno por ciento de lo que Texas destina a este fin.
“Estamos añadiendo aún más dólares en nuevo personal policíaco, cámaras para detectar la actividad en la frontera, así como más aviones y botes que nos permitirán asegurar la frontera […] Ningún precio a pagar es suficiente para proteger la seguridad de las personas de éste país”, dijo a Univision el gobernador de Texas Greg Abbott.
Al defender la asignación presupuestal de 800 millones de dólares para la Operación Seguridad Fuerte (OSS por sus siglas en inglés) autoridades estatales enfatizan en la necesidad de incrementar la vigilancia en los 15 condados colindantes con México, con el propósito de frenar el flujo de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera. Paradójicamente, las autoridades estatales no pueden intervenir directamente con personas que entran sin documentos migratorios al país por tratarse de una responsabilidad del gobierno federal. De esta forma, el papel que desempeñan los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés) es limitado.
“Todavía hoy estamos viendo cerca de 15,000 personas cruzando la frontera cada mes, sin permiso para hacerlo”, dijo Abbott al ser cuestionado sobre el alto costo de la OSS. “Nosotros no sabemos quiénes son esas personas, lo que sí sabemos es que un número cada vez más grande es de países diferentes a México, países que tienen lazos con el terrorismo. Nuestro trabajo y mi trabajo como gobernador es asegurarnos de mantener a Texas a salvo”, añadió el funcionario.
Nueve de los 10 centros de detención más grandes de ICE son privados.
Pese a la multimillonaria inversión, durante los primeros nueve meses de aplicación de la OSS, de junio de 2014 a febrero de 2015, oficiales de DPS arrestaron tan solo a 53 personas sospechosas de cometer algún delito, de acuerdo con cifras entregadas por la agencia a Univision Investiga.
Durante el mismo periodo, en el cual se emplearon 102 millones de dólares en el operativo especial de vigilancia, los patrulleros estatales realizaron 156 confiscaciones de droga y siete de armas de fuego, casi lo mismo que gastar cerca de medio millón de dólares en cada una de esas acciones.
“No había visto estos números y me sorprende que estén tan bajos’’, reconoció a Univision el senador demócrata por Brownsville, Eddie Lucio. Estas cifras no fueron entregadas a los legisladores durante el análisis de la ley que dio vía libre a la financiación de los 800 millones de dólares para extender la OSS.
A pesar de la falta de información, Lucio votó a favor de expandir la OSS por dos años más.
Mientras la frontera se militariza las estadísticas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos apuntan a que el número de inmigrantes indocumentados aprehendidos se está reduciendo. Durante los primeros seis meses del año fiscal 2015 el número de aprehensiones se redujo en un 28% en comparación con el mismo periodo de 2014.
De septiembre de 2014 a marzo de 2015 se realizaron 151,805 aprehensiones, 60,000 menos que en igual período del año fiscal anterior.
“Es todo político, todo político”, opina la senadora demócrata por Houston al reflexionar sobre las medidas impulsadas por las autoridades de Texas para resguardar su frontera común con la república mexicana.
“Es mucho dinero para gastar en seguridad fronteriza, cuando ese no es el trabajo ni la responsabilidad del estado. Siempre dicen (las autoridades texanas) que es porque los federales no están haciendo el trabajo. Pero si ves los datos, los federales están allí”, finalizó la senadora que votó en contra del paquete de medidas que expandieron la OSS hasta el 2017.
Como parte del operativo de seguridad, cientos de efectivos de DPS fueron movilizados a los condados fronterizos. Un año después su presencia es más notable en tramos de la autopista 83 que conecta cinco condados de la región que en la frontera misma.
“Están pasando muchos ‘tickets’ porque no traen cinturón de seguridad, van a exceso de velocidad o se corrieron una luz. Pero eso no les pertenece, eso nosotros lo podemos hacer’, aseguró el alcalde de La Joya, José ‘Fito’ Salinas.
Según el funcionario, los oficiales estatales deben concentrar su esfuerzo en la lucha contra la violencia que el comercio ilegal de drogas genera en la región y no en hacer cumplir las leyes de tránsito. Salinas advierte que la municipalidad que dirige, 15 millas al oeste de McAllen, ha perdido la mitad de los recaudos habituales por las multas de tráfico que ya no expiden sus policías locales, provocando un problema presupuestal al ayuntamiento.
En el condado Starr las multas por infracciones de tránsito se dispararon un 233% en comparación con el 2012, de acuerdo con un análisis de El Paso Times.
Residentes de la región también han expresado preocupación por el alto número de oficiales estatales en las carreteras. Organizaciones como La Unión del Pueblo Entero (LUPE) han denunciado los casos de varios conductores que fueron puestos en manos del Servicio de Inmigración al no poder probar a oficiales de DPS su presencia legal en el país.
“Es una situación que crea pánico en la comunidad”, comentó John Michael Torres de LUPE.
Como parte de la expansión de la OSS, 250 nuevos elementos del DPS serán contratados en el transcurso de los próximos dos años.
Para el analista en seguridad Nelson Balido, la masiva movilización de patrulleros estatales a la frontera como parte del operativo especial de seguridad fue una decisión “precipitada”, salpicada de matices políticos.
“Lo de los niños no acompañados ya estaba pasando, pero fue cuando explotó en las noticias que todo el mundo quiso hacer algo […] Faltó inteligencia compartida entre las agencias para pensar en una mejor respuesta”, opinó Balido, para quien la mejor opción es aumentar la inversión del estado en las corporaciones policíacas locales.
Durante el mismo período en que oficiales del DPS pusieron en custodia a 53 personas bajo la OSS, agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo, al que pertenece la ciudad de McAllen, realizaron 7,099 aprehensiones. El presupuesto anual promedio de esta agencia es de 25 millones de dólares.
“Los condados saben más de su misma casa, de sus mismos pueblos, que cualquier otra persona que puedas traer de Dallas o de Houston o de Lubbock o de El Paso”, puntualizó Balido al criticar el traslado al Valle de Rio Grande de elementos del DPS entrenados en otras áreas del estado.