Marvin Corado calculó que sería feliz al quedar libre. “Como éramos antes’’, dijo, en víspera de salir del centro de detención Broward Transitional Center, en Pompano Beach, al sur de Florida en 2012. “Una familia que nada de estos obstáculos los pudieron separar”.
Los obstáculos de lo que hablaba Corado tenían que ver con con el drama que han vivido él, su esposa y su hija desde que llegaron a Estados Unidos en busca de trabajo y tranquilidad hace 16 años.
Los Corado no lograron lo que soñaban. “No regresó el marido que salió un día de mi casa a trabajar (…) No sé, no sé qué ha pasado pero mi vida no ha sido la misma desde que lamentablemente él entró a migración’’, dijo su esposa, Leslie.
Durante tres años y medio el equipo de Univision Investiga siguió los pasos de este inmigrante guatemalteco de 32 años para entender el alcance de todos los negocios lícitos e ilícitos que han girado alrededor de su drama, desde el día en que su padre hipotecó su casa para pagarle al traficante que lo trajo a Estados Unidos hasta el último pago de un abogado de inmigración en Miami.
El tiempo que Marvin estuvo en el centro de detención para migrantes significó en promedio un ingreso superior a 20,000 dólares para GEO Group, la empresa dueña de ese centro. Para el año que Marvin estuvo detenido GEO Group recibía del gobierno federal un promedio de 166 dólares por detenido cada noche, una cifra que hoy asciende a 193 dólares.
“La inmigración es un negocio muy lucrativo para los inversionistas, los accionistas y los políticos’’, explicó Daniel Carrillo, director de Enlace, una organización que vela por los derechos de los inmigrantes.
Después de 2008, el perfil de los detenidos y deportados pasó de inmigrantes condenados y recién llegados hacia hombres en edad productiva que habían vivido más de un año en Estados Unidos, algunos durante la mayor parte de su vida. Los inmigrantes ya no fueron detenidos solo por haber cometido delitos, sino por causas mucho más simples, a menudo por infracciones de tránsito, como es el caso de Marvin.
Cuando fue detenido, Marvin llevaba 12 años en Estados Unidos e iba camino a su trabajo.
“A mí me arrestaron por no (tener) licencia. Estaba esperando la luz verde, el policía se me paró así al lado izquierdo, al lado mío y sólo esperó que diera la luz verde y él me puso las luces”.
Le llevaron tres meses a una prisión. El día que salió, el juez de Migración le dijo a su esposa, según ella lo recuerda: “‘Ahora sí te vas a cenar en tu casa con tu familia’. Y nos la creímos”. En lugar de eso, le retuvieron durante 129 días más en el centro de detención.
Las empresas que manejan los centros de detención no solo reciben generosos subsidios del gobierno sino que logran bajar sus costos de operación al mínimo empleando a los internos por sumas irrisorias.
Marvin trabajó en la cocina del centro de detención durante cuatro horas y media al día por un dólar por cada jornada. Según él los detenidos hacían todos los trabajos como la limpieza, la preparación de alimentos y el manejo de la lavandería. En la cocina, agregó, sólo trabajaba un empleado externo, el resto de labores las hacían los propios detenidos.
Son condiciones que llevaron a los detenidos de un centro de Aurora, Colorado, a presentar una demanda colectiva contra Geo Group. Los demandantes alegaron que eran sometidos a “trabajos forzados’’ y que algunas veces no recibían ni siquiera el exiguo salario de un dólar por trabajar el día entero. El litigio aún se encuentra pendiente.
En Aurora estuvo detenido en agosto del año pasado Wilberth Góngora, un mexicano que había vivido en Denver los últimos 18 años, donde tuvo dos hijos.
“Un paquete de galleta que traía 20 galletas nos costaba tres dólares, en la calle cuestan 99 centavos. Allá pues le doblaban los precios. Un refresco de lata pues valía casi tres dólares también”, relató Wilberth.
Otro problema común son los cargos por llamadas telefónicas que se realizan con tarjetas emitidas por una compañía autorizada por el lugar. Cada minuto tiene un valor de 20 centavos, equivalente a lo que gana cada interno en una hora de trabajo.
“Las compañías telefónicas tienen un monopolio en los cargos que ellos ponen en estas llamadas. Eso significa que las familias [en los centros de detención] pasan dificultades para hablar con sus abogados o con sus familiares”, señaló la asambleísta de California Lorena González, quien representa a las ciudades ubicadas al sur de San Diego.
González ha combatido estos abusos y uno más que resulta recurrente: las estafas de los abogados. Ha logrado pasar dos proyectos de ley que protegen a los indocumentados de cobros anticipados, con la falsa promesa de estar en los primeros lugares de resolución de casos, una vez que terminen los litigios respecto a la acción ejecutiva del presidente Obama.
Desde el año 2000, el Departamento de Justicia ha suspendido en todo el país a 673 abogados especializados en asuntos de inmigración, la mayoría en California, Nueva York, Florida y Washington D.C.
Marvin explicó a Univisión Investiga que ha pagado más de 10,000 dólares entre los seis abogados que ha contratado y los resultados han sido decepcionantes.
“Se han aprovechado de mí. Me cobran un cierto dinero, (me dicen) que me van a arreglar mis papeles, que ellos hablan con migración, que mandan papeles y después me dicen que migración me los rechaza. (…) He perdido mucho dinero y la verdad esto sigue igual, sin que ellos me hayan arreglado nada”, relató.
Entre los inmigrantes que no representan para ICE un alto riesgo de escapar de Migración antes de llegar a su fecha en la Corte se ha implementado el programa Alternativas a la Detención, el cual también beneficia a negocios privados y funciona por medio de la instalación de grilletes electrónicos en sus tobillos.
Gracias a la presión de organizaciones civiles y a que su esposa se manifestó frente al centro e hizo público su caso, Marvin no fue deportado. Wilberth, sin embargo, sí pasó a formar parte de las 2.8 millones de personas deportadas por ICE en este sexenio, según cifras que abarcan de 2008 a 2015.
Muchos de ellos son trasladados dentro de Estados Unidos y a sus países de origen en aviones privados rentados por Migración. Un informe fechado en abril de 2015 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) encontró que las compañías privadas que hacen los traslados mueven a muchos detenidos repetidamente a los mismos sitios, en vuelos medio vacíos, antes de deportarles.
La principal beneficiaria de esta parte del negocio es CSI Aviation Services de Nuevo México, propiedad de Allen Weh, un exmarino veterano de las guerras de Vietnam e Iraq, quien fue candidato republicado al Senado en 2014. Su compañía ha ganado en los dos mandatos de Obama más de 790 millones de dólares gracias a estos traslados.
Ya en México muchos de los deportados encuentran una segunda oportunidad de empleo en las compañías de centros de atención telefónica o call centers, que se benefician de que este nuevo perfil les abastece de empleados no sólo bilingües, sino biculturales.
Solamente en la ciudad fronteriza de Tijuana, segundo punto de mayor entrada de deportados a México, los call centers emplean a 12,000 personas, de los cuales el 70% son deportados, según dijo en entrevista con Univision Jorge Oros, presidente del clúster de los call centers en Baja California. Los repatriados ganan en México cinco veces menos que en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo.
“Hay un negocio en torno a la deportación’’, afirmó González. “En todas partes, desde los abogados hasta las compañías telefónicas y las prisiones privadas. Sabemos que la gente está haciendo mucho dinero’’, concluyó.