Por María Sánchez Díez. Ilustraciones de Javier Güelfi
“Él me dijo que se había tomado una cerveza y que tenía caliente la cabeza y yo le dije que que pensaba hacer conmigo y le dije que si me pensaba matar y el me dijo que sí. Yo pensaba que el a mí primero me iba a matar y me dio a pensar que es a mis hijas porque es lo que yo más quiero en la vida”.
Deisy García garabateó estas palabras en el primero de los dos reportes de violencia machista que presentó ante el departamento de policía de Nueva York (NYPD). Era el 30 de mayo de 2013 y García, una inmigrante guatemalteca de 21 años, apenas chapurreaba el inglés. Para poder explicar a los agentes lo que había pasado, escribió su declaración en español. Su marido, el inmigrante mexicano Miguel Mejía-Ramos, la agredía regularmente y García temía por su vida y las de sus hijas. Su caligrafía era clara, liviana. Leídas ahora, sus palabras parecen el anuncio de una sentencia de muerte.
La policía nunca llegó a traducir el reporte donde García advertía de las amenazas de muerte de su marido.
Ocho meses y otra llamada a la policía más tarde, la noche del 18 de enero de 2014, Mejía-Ramos regresó tarde del trabajo a su domicilio. Allí mató a puñaladas a García y a las dos hijas de ambos: Daniela, de dos años, y Yoselín, de uno.
García estaba asustada: la relación con su marido se había deteriorado en los últimos tiempos. Él se mostraba cada vez más violento y aunque la pareja se encontraba en trámites de separación todavía compartía un apartamento en Sutphin Boulevard, en el vecindario de Jamaica, Queens, donde vivían con sus dos hijas y los tíos de Deisy.
El expediente de la fiscalía detalla lo que sucedió aquella noche, según la declaración del agresor:
Mejía-Ramos había estado bebiendo en la casa de un amigo. Cuando llegó a su apartamento encontró en el teléfono de su esposa una foto de ella con otro hombre. Preso de un ataque de celos, el hombre de 29 años agarró un cuchillo de cocina, se dirigió al dormitorio donde dormían García y sus dos hijas y apuñaló a su esposa, que gritaba: “¿Por qué?”. La mujer logró levantarse de la cama y salir corriendo hacia otra pieza, pero cayó desplomada y murió.
Preso de un ataque de celos, el hombre de 29 años agarró un cuchillo de cocina, se dirigió al dormitorio donde dormían García y sus dos hijas y apuñaló a su esposa, que gritaba: “¿Por qué?”.
Mejía-Ramos se acercó de nuevo al cuarto. Su hija Yoselin aun dormía, mientras que Daniela se había despertado por los gritos de su madre y estaba incorporada en la cama. Mejía-Ramos acostó a Daniela y le dio un beso. Después le clavó el cuchillo tres veces. Luego hizo lo mismo con el bebé. Para entonces la hoja del cuchillo se había separado de su empuñadura.
Más tarde el agresor explicó a la policía que su intención era fugarse con sus hijas, pero cuando se dio cuenta de que no tenía asientos para llevarlas en la furgoneta, decidió matarlas también.
“Primero vi a Deisy, cubierta [con una cobija] en el piso, y pensé en las niñas. Pensé que se las habría llevado”, dice Romeo Chuc, el tío de Deisy García. “Pero cuando entré en el cuarto, vi demasiada sangre en las paredes. Las dos niñas estaban en la cama, muertas, abrazaditas”.
En las paredes del apartamento donde viven hoy Chuc y su esposa, Sara Alvarado, a la vuelta de la esquina de la escena del crimen, hay colgados unos collages con fotografías de Deisy. Uno de ellos reza: “Nunca te olvidaremos”.
Aquella noche Mejía-Ramos trató después de suicidarse: primero, dándose puñaladas en el pecho; después, ahorcándose con una correa. Más tarde, sacó 240 dólares del bolso de su esposa, se subió a su camioneta blanca y puso rumbo a México. Tras ser arrestado en Texas se declaró culpable y en la actualidad cumple una condena de 45 años en la prisión de Attica, en el estado de Nueva York.
La trágica muerte de Deisy García puso de manifiesto la compleja realidad a la que se enfrentan muchas mujeres inmigrantes que sufren violencia doméstica: tener la posibilidad de comunicarse de manera efectiva con los agentes de policía y el sistema de justicia puede ser, en ocasiones, cuestión de vida o muerte.
La trágica muerte de Deisy García puso de manifiesto la compleja realidad a la que se enfrentan muchas mujeres inmigrantes que sufren violencia doméstica.
“Pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas y se hubiera prestado atención a los reportes de Deisy”, dice Roger Asmar, el abogado contratado por la familia de García.
No es el único que piensa de este modo. La familia de Deisy vive hoy convencida de que su destino podría haber discurrido por otro camino.
“Es negligencia y falta de responsabilidad por parte de la policía”, dice Luzmina Alvarado, la madre de García. “El deber de ellos es cumplir con su trabajo”.
EL ACENTO CAMBIANTE DE LA GRAN CIUDAD
Sometido a escrutinio tras el asesinato de Deisy García el NYPD se defendió aclarando que el departamento cuenta uno de los mejores servicios de traducción del país. Un 37% de los empleados de la policía cuenta con cierto nivel de competencia en un idioma distinto del inglés, según sus propias cifras. Pero el asesinato de Deisy y las entrevistas con otras hispanas víctimas de violencia doméstica en la ciudad sugieren que el sistema está lejos aún de ser perfecto.
Las mujeres dicen que se las traga el miedo. Miedo a sus agresores, a la autoridad, a no ser escuchadas, a ser rechazadas por sus propias familias al divulgar su conflicto matrimonial. Pero, sobre todo, dicen que temen ser deportadas y perder a sus hijos.
“Da mucho miedo, porque ves llegar un vehículo de la policía y nunca sabes cómo van a salir las cosas”, dice Ángela, una inmigrante indocumentada de 27 años, natural de México. Al igual que otras mujeres entrevistadas para esta reportaje, solicitó que su verdadera identidad no fuera revelada.
Ángela dice que llamó a la policía dos veces en el 2012 para denunciar agresiones de su exmarido. En una ocasión, según Ángela, un policía le espetó: “Ustedes, las hispanas, todas hacen lo mismo: hoy quieren que se lo arrestemos y mañana lo quieren en libertad”.
Yo pensaba que no sufría violencia doméstica porque creía que había que golpear demasiado o maltratar demasiado. La violencia sí llegó a ser física, pero entendí que la violencia también es emocional, sexual, económica.
La parte que más me afectó fue la emocional, la sexual. A veces me tenía que tomar a la fuerza y me decía “es que eres mi mujer y tu trabajo es esto”. A veces, aunque no quería, tenía que ceder. Yo sufría mucho de infecciones vaginales. Fui al médico y me dijeron que probablemente era que no lubricaba, pero es natural porque eran violaciones. Yo solamente decía ‘es que a veces no tengo ganas o estoy cansada’, pero siempre tapaba eso ante todo el mundo.
Yo creo que no es necesario que una mujer esté sangrando, no es necesario vernos tiradas sin movernos para que hagan algo. El hecho de decir “no estoy bien” debería bastar para examinarnos y preguntar qué está pasando. El hecho de que una mujer esté de pie no significa que esté bien.
Él se fue para Minnesota tres meses. Mi renta era de 700 dólares, y tenía que juntar como 1,000 dólares en total. Yo le dije: “Claro que puedo. Y yo lo voy a hacer”.
Me habían pagado 115 dólares por ir a cuidar a una niña. Yo le di 100 a mi hermana y le dije que no me los diera si no era para una emergencia. Con los 15 dólares compré gelatina, un paquete de vasos y papel celofán. Fui a las escuelas a vender, y de esos 15 saqué 30. Fui multiplicando el dinero, empecé a meter jugos y frutas. Caminaba, en Queens, en Junction Boulevar. Picaba mango, sandía, melón, agua, sodas y jugos. Iba ofreciendo a quien lo quisiera. Yo estaba embarazada. Pensé: “Si embarazada pude tener dinero, yo lo puedo hacer otra vez”. Seguí trabajando. En menos de tres días pude juntar 800 dólares. Y lo hice y así fue como decidí dejarlo.
Hoy estoy con mi hijo. No nos va excelente pero nos va bien. No hay quien nos grite, quien nos maltrate. Yo digo que mi idea es que por lo menos quiero ayudar a otra mujer.
Hoy, Nueva York tiene más habitantes que nunca cuyo primer idioma no es el inglés. Según cifras del Censo de los Estados Unidos, son 1.8 millones; o sea, más del 20% de la población de la ciudad. Si bien el nivel de competencia en inglés de estas personas varía en cada caso, todas consideran que su dominio es “limitado”.
En las últimas décadas la NYPD ha tratado de adaptarse a las arenas movedizas de la demografía neoyorquina y, al mismo compás que el resto de la ciudad, el departamento ha diversificado su composición racial y étnica, debido en parte a un dictamen de una corte federal que forzó en 1978 la contratación de más policías hispanos y afroamericanos.
De entre todas las minorías representadas en la agencia de policía de mayor tamaño del país, la más notable es la hispana. Más o menos la cuarta parte del cuerpo policial es de origen hispano (24%), pero eso no significa que todos estos agentes dominen de forma efectiva el español.
El NYPD alega que tiene más trabajadores capaces de hablar un idioma extranjero que cualquier otra agencia. Según sus datos, unos 19,000 empleados hablan al menos uno de los 75 idiomas extranjeros presentes en el cuerpo, desde el albanés hasta el yiddish, pasando por el farsí, el criollo o el uzbeko. El departamento también cuenta con unos 1,200 intérpretes certificados entre sus filas.
Aunque Nueva York siempre ha sido una ciudad de inmigrantes, su política lingüística comenzó a perfilarse recientemente. En 2008, la administración del entonces alcalde republicano Michael Bloomberg expandió la política municipal de acceso a idiomas. El Plan de acceso lingüístico del NYPD, publicado en 2009, exige a los agentes que ofrezcan y provean servicios de interpretación cuando acudan a una situación que los requiera.
La asistencia lingüística puede darse a través de otros empleados del NYPD o mediante la Language Line (Línea de Idiomas), un servicio de interpretación telefónica contratado por la ciudad. Con ese programa los agentes tienen acceso a un teléfono con audífonos duales, mediante el cual pueden localizar en un instante a un tercero (el intérprete) que traducirá lo que esté sucediendo para el agente, según el sargento Carlos Nieves, portavoz del NYPD.
Y es que en una ciudad babilónica, la delincuencia también se ha convertido en un fenómeno políglota. Como referencia, el pasado mes de septiembre un 2.5% de las llamadas al 911 requirieron de servicios de interpretación, y para octubre eran ya un 2.7%.
En 2010, el último año con estadísticas desglosadas y públicas sobre el 911, Language Line procesó 112,587 llamadas en 85 idiomas diferentes. El español representaba la contundente mayoría de estas peticiones: el 89%, seguido por el chino con un 6%, y el ruso con un 2%.
Sin embargo, para algunas organizaciones de víctimas de violencia machista existe una diferencia muy significativa entre el número de llamadas al 911 que requieren de un intérprete y el número de solicitudes para ese mismo servicio que posteriormente realizan los agentes policiales desde el terreno. Por ejemplo, en noviembre de 2014 los operadores del 911 procesaron unas 7,000 llamadas que requerían interpretación externa, pero la policía usó este servicio solamente 32 veces durante el mismo periodo, según la emisora pública WNYC.
Algunos defensores de los derechos de las inmigrantes mantienen que la trayectoria del NYPD en el suministro de servicios de interpretación es, como mínimo, irregular, y que los policías no siempre utilizan los recursos que tienen a su disposición.
“Es algo que vemos mucho: si una persona habla cuatro palabras de inglés, le dicen que no necesita intérprete”, dice Carmen María Rey, abogada y subdirectora de inmigración en Sanctuary for Families (Refugio para Familias), un grupo que trabaja con supervivientes de violencia machista, en su gran mayoría hispanas.
Rey dice que algunos policías no entienden que el que una persona pueda comunicarse en inglés no significa que pueda expresarse en ese idioma de forma fluida, ni mucho menos comunicar las circunstancias complejas que pueda estar atravesando.
“Otra dificultad que vemos es que hay policías que no hablan el idioma [español] suficientemente bien como para comunicarse a fondo con una persona que sí es hispanohablante”, dice. “Sólo pueden comunicarse en un nivel muy básico y no es suficiente”.
En 2010, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que la política de acceso a idiomas del NYPD no estaba en “pleno cumplimiento” con la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación basada en razón de la nacionalidad. Dos años después se realizó un seguimiento y la misma agencia concluyó que la policía neoyorquina ya cumplía con los requisitos.
Por su parte, el NYPD señala que no existe ninguna ley o reglamento federal que impida que los policías usen como intérpretes a personas capaces de hablar una lengua extranjera pero que no tengan certificado. “Más allá de eso, no existe ni un solo caso en que un empleado no certificado como intérprete haya traducido incorrectamente”, según la página web del departamento.
Pero según las asociaciones de víctimas, no todo fracaso queda documentado.
MUJERES VS. NUEVA YORK
En mayo del 2013, siete meses antes del asesinato de Deisy García, la asociación legal Legal Services (Servicios Jurídicos) demandó a la ciudad de Nueva York en la Corte Federal de Brooklyn en nombre de cinco mujeres hispanas. Cuatro de ellas eran sobrevivientes de la violencia machista. A todas se les había negado el servicio de interpretación que el NYPD tiene obligación de suministrar bajo orden jurídica, según la demanda. El documento también denunciaba la “discriminación rutinaria” de la policía con neoyorquinos de origen inmigrante.
“El personal del NYPD no solo dejó de suministrar los servicios de interpretación pertinentes, sino que en muchas ocasiones humilló a los individuos con competencia limitada en inglés que solicitaron tales servicios”, señaló la demanda, heredada por la administración del alcalde De Blasio y aún en los tribunales.
La demanda detalla casos como el de Arlet Macareno, una inmigrante mexicana. Según la denuncia la joven llamó a la policía después de que su esposo la empujara por unas escaleras en agosto de 2012, cuando tenía 26 años. Los policías que se presentaron en su domicilio de Staten Island desoyeron su solicitud de intérprete, e interpelaron a su sobrina de 22 años para preguntar qué había sucedido. Cuando Macareno insistió en pedir un intérprete, uno de los policías le dijo en español “cállate la boca”, y terminó arrestándola. En el camino hacia la comisaría los policías le gastaron bromas sobre Chicharito, según los expedientes del tribunal. Macareno, que había salido de su casa sin los zapatos, dice que pasó la noche descalza en la comisaría.
Otro caso es el de Wendy García, quien pidió un intérprete después de que su marido la golpeara con una puerta y la arrastrara por los pelos en Queens, también en 2012. Según la demandante los policías le dijeron: “Esto es Estados Unidos y tienes que hablar en inglés”.
Los casos citados en la demanda relatan experiencias similares a las vividas por mujeres entrevistadas para este reportaje, entre ellas Aída, una inmigrante mexicana de 42 años que llamó a la policía cuatro veces en el transcurso de un año para denunciar abuso por parte de su esposo.
“Entiendo que tenemos que hablar inglés, pero no todos sabemos”, dice esta madre de tres hijos, que está tratando de aprender el idioma.
Christine Clarke, una de las abogadas del despacho jurídico Legal Services NYC, dice que los telefonistas del 911 muchas veces sirven de ayuda para suministrar servicios de idioma, pero añade que las interacciones de las víctimas de habla extranjera con la policía son menos predecibles.
“En el caso de algunas demandantes los policías sencillamente se negaron a hablar con las víctimas del crimen porque no hablaban inglés”, dice Clarke. “Si el agresor hablaba inglés, los policías hablaban con él, pero no con ella, y a veces eso resultó en que ella fue la que terminó siendo arrestada, aunque la hubieran golpeado”.
Rey afirma que, en ocasiones, son las víctimas las que terminan con antecedentes delictivos, factor que puede perjudicar las posibilidades de legalizar su situación migratoria en Estados Unidos.
En ocasiones, son las víctimas las que terminan con antecedentes delictivos, lo que puede perjudicar las posibilidades de legalizar su situación migratoria en Estados Unidos.
“Lo que vemos muchas veces es que la policía arresta [a la pareja], porque [los policías] no pueden entenderse con ella y no saben cómo determinar a quién hay que creer”.
El plan de acceso lingüístico del NYPD incluye algunas pautas que los policías deberían seguir cuando se enfrentan a situaciones de violencia machista. Se les aconseja no usar a miembros de la familia (particularmente a niños) como intérpretes o traductores, “debido al temor de que le arresten a un miembro de la familia o debido a otras predisposiciones personales”. Eso sí: a menos que no haya otra alternativa.
La guía también recomienda entrevistar a las víctimas de forma privada y por separado. “Utilizar a un presunto delincuente para interpretar podría incrementar el riesgo de interpretación engañosa y le daría a esa persona el control de la situación”, señala.
Aída dice que la tercera vez que llamó a la policía su esposo empezó a insultarla y amenazarla en español delante de los dos agentes.
“Él me estaba diciendo perra y otras cosas feas”, dice. “Entonces el policía le preguntó a él qué era lo que me estaba diciendo y él le contestó que me estaba diciendo que todo iba a salir bien. “Pensé: ‘Si yo soy la perjudicada, si yo soy la que necesita ayuda, ¿por qué es a él a quien le hablan?’”.
Yo vendo tamales en la calle. Eso lo hago de lunes a jueves. Tengo muchos clientes y todo el mundo me dice: “se ve que tú no tienes problemas”. Pero yo llego a mi casa como a las diez de la noche y paso por mi hijo. Si no se ha bañado lo baño (siempre ha cenado ya) me voy a dormir y digo: “qué vida ésta”.
Yo estoy pasando por una situación muy difícil emocionalmente. Porque no tengo familia aquí. Yo estoy sola con mis dos hijos mayores y el pequeño. Yo no tengo a nadie. Toda mi familia que está aquí en Estados Unidos está en California. Y hay momentos en que ya no sé qué hacer… yo quisiera tomarme un café con mi hermana, que si hoy me siento mal ella me diga: “Yo estoy contigo”. Cuando estoy triste, ¿si?. O que le diga: “¿Sabes qué?, vamos a caminar al parque tú y yo”.
Hasta la fecha yo no puedo ver algo violento porque me pone histérica, me da muchísima ansiedad. Antes era muy fanática de ver las noticias, pero ya no.
Cuando yo estaba chiquita mi tía la de California me llevó una pijama con los personajes de Disney, y yo dije: “Ay, algún día yo iré ahí”. Si quiere Dios el próximo verano me voy a llevar a mi hijo a Buffalo, porque yo tengo ganas de ir a ver las cataratas. Hazte cuenta, desde chamaquita quería ir a Disneylandia y a las cataratas. Tal vez es ridículo porque yo soy una mujer cuarentona.
AYUDANDO A LAS MUJERES A HABLAR
Los defensores de las víctimas creen que la forma más efectiva de forzar al NYPD y a las demás agencias municipales a cumplir con sus planes de acceso lingüístico es instar a las mujeres a que reclamen sus derechos.
El Programa de Intervención Contra la Violencia, una organización que ayuda a víctimas hispanas de violencia machista, hace tiempo que viene repartiendo entre sus clientas una hoja informativa que señala su derecho a tener acceso a un intérprete.
Lorena Kourousias, coordinadora del programa de la organización, dice que les aconseja a las mujeres que lleven el papel consigo para mostrárselo a las autoridades en cualquier momento que sea necesario.
“Lo que necesitamos es que las organizaciones y la gente sepan que tienen derecho a un intérprete”, dice Rey. “Parte de nuestra responsabilidad es que nos quejemos cuando no se nos ofrezca un intérprete”.
De hecho, algunas víctimas de violencia machista están entendiendo el valor de hacerse escuchar. El 26 de septiembre de cada año centenares de mujeres vestidas con traje de novia participan en la Marcha Anual de las Novias por las calles de Washington Heights. Este particular cortejo nupcial conmemora el aniversario del asesinato en 2001 de Gladys Ricart, una mujer dominicana asesinada por su exnovio el día que iba a casarse con otro hombre.
Los defensores de las víctimas también creen que la demanda iniciada por Legal Services puede convertirse en un paso más hacia el cumplimiento de las políticas lingüísticas. Clarke dice que su organización espera motivar un cambio para que cumplan las políticas del plan de acceso a los idiomas.
“Litigar puede llegar a ser una forma de destapar problemas a los que nadie quiere mirar”, dice Clarke.
VISAS PARA SALIR DEL INFIERNO
Los agresores cuentan con recursos intimidatorios que trascienden la violencia física. Pueden aislar a sus esposas, prohibiéndoles en algunos casos trabajar o cultivar amistades. Según Kourousias, muchas inmigrantes víctimas de violencia machista son pobres, con poca educación formal, y se encuentran en Estados Unidos sin ninguna red de apoyo, sumidas en tabúes culturales que las disuaden de denunciar a sus parejas ante autoridades que sienten como extranjeras e intimidatorias.
“Los agresores las amenazan constantemente, diciéndoles que serán deportadas si acuden a la policía”, dice Kourousias.
Rosa, una mujer de 56 años procedente de Provincia del Cañar, en Ecuador, sufrió este tipo de amenazas.
“[Mi esposo] siempre amenazaba con mandarme a la policía para que me deportaran si yo buscaba el divorcio”, cuenta Rosa. “Y yo no sabía que tenía acceso a ayuda o algo así, porque yo siempre estaba trabajando y me sentía desesperada. Tenía mucho miedo de que les pasara algo a mis hijos”.
En Ecuador yo vivía haciendo jueguitos de paja toquilla. Hacíamos muñequitos, artesanía, sombreros, cosas así. Yo no soy de la ciudad, yo soy del campo, yo tenía gallinas y así yo vivía. Me gusta Nueva York, por eso es que no me fui, me quedé aquí. Desde que llegué yo he trabajado en todo: en las factorías y limpiando casas.
Yo rentaba la casa porque no podía pagar yo sola el mortgage. Yo le renté la habitación a una persona que, según dijo, se había enamorado de mí. Al comienzo yo no le creía nada. Pero pasó el tiempo y él siempre me estaba esperando y me ayudaba a limpiar. Yo le rentaba porque necesitaba el dinero, y me lo encontraba limpiando. Yo me ilusionaba mucho viendo que mis hijos estaban bien con él.
Nos casamos en 2007 y entonces empecé a conocerlo de verdad.
Él me decía cosas horribles que nunca había oído y que nunca más quiero oír. Que una mujer tiene que dar gusto a los hombres como ellos quieran para estar bien, porque lo hombres viven adorando a las mujeres. Y cogía las cosas y las botaba contra mí. Una vez me cogió de aquí (del cuello) y me dijo: no sirves para nada.
Siempre me amenazaba con mandarnos a la policía. Me decía que me iba a deportar. Yo no sabía que había ayudas ni nada, porque siempre andaba trabajando. Estaba desesperada y tenía mucho miedo de que a mis hijos les pasara algo.
Él me dijo que me iba a ayudar a pagar la renta, pero dejó de pagar. Quería vivir gratis en la casa. Algunos meses ya no pagué y entonces perdí la casa. Mi hermano estaba enojado conmigo porque perdí la casa.
Ahora mismo ya no me siento tan bien, pero yo siempre trato de no acordarme. Hago cualquier cosa, salgo por ahí, hablo con alguien que me distraiga. Si me quedo en la casa me la paso llorando porque ahorita no tengo ni donde vivir. Estoy viviendo donde mi hermano no más, pero no es como yo quisiera estar. Antes yo tenía una máquina y cosía y hacía trabajos en la casa, pero ahora no tengo espacio. Y eso es todo lo que le puedo decir.
Muchas mujeres indocumentadas no son conscientes de que tienen derecho a solicitar la Visa U, un permiso especial que el Departamento de Estado emite a inmigrantes que han sido víctimas de algunos crímenes. El año pasado se emitieron 10.000 de estas visas, particularmente a víctimas de violencia machista, agresiones sexuales y tráfico de personas.
Pero una mala traducción también puede poner en peligro esta salida.
“Si, por ejemplo, un agresor trató de ahorcar a la víctima, pero el informe del policía dice que le tiraron del pelo y que el crimen fue solamente acoso, no es suficiente para nosotros para hacer un caso de visa U”, dice Rey.
Claudia es una inmigrante mexicana de 34 años que consiguió su Visa U después de sobrevivir a un infierno de violencia machista. Con la visa vino una sensación de alivio, pero la sombra de aquella amenaza persiste. Antes de que su esposo fuera deportado, amenazó con matar a sus padres en su pueblo natal.
“Muchas veces pienso: ‘¿Qué pasará si algún día él hace algo?’” dice Claudia.
Tenía 17 años cuando nos casamos. Yo tenía problemas casi desde que le conocí, pero no quería contar nada de lo que estaba pasando. Solamente yo sabía. Un día tuvimos una discusión y él me pegó tan fuerte que tuve que ir al hospital. Cuando él me metió al cuarto, primero me pegó feo y me arrastró. Me pegó en la frente. M ardió y me empezó a sangrar. Mi niña, la mayor, tenía 12 años. Llamó a la policía porque ella se asustó mucho.
Después se fue de casa por mucho tiempo, no supe más de él.
Volvió a atacarme de nuevo, el año pasado. Me volvió a pegar en la calle. Me tomó del pelo y me empezó a arrastrar por la calle. Yo pensaba que me iba a matar. No sé cómo fue que él me soltó y lo agarraron. Cuando yo me acerqué a donde él en el precinto, me dijo que iba a desquitarme con mis padres, que los iba a matar.
Me puse a pensar en mis papás y pensé: “Ay, y si mata a mis papás, ¿qué voy a hacer yo? Va a ser mi culpa”. Le dije a la policía que no quería hacer un reporte. Venimos de una cultura en la que hablamos el mixteco, no entendemos bien las cosas, y el miedo es muy grande.
No sé, será porque viví tantos años de violencia y es como estúpido decirlo, pero a veces extrañas…
Mi meta es superarlo. Estudio inglés en el Bronx, en la iglesia. Quiero sacar el diploma del high school para poder volver al colegio. Me gusta defender a la gente (llora). Después de todo lo que me ha pasado pensaba que yo no iba a poder nunca, pero me di cuenta de que cuando le pongo empeño a las cosas yo lo hago bien. Mantengo a mis hijos y están bien. Hago de asistenta y en el verano vendo frutas en la calle. Puedes decir que nada me puede detener. Saqué mi licencia de conducir, me compré mi carro… puedo hacer cosas en la vida.
Otra de las condiciones para obtener una Visa U es que la víctima del crimen coopere con los funcionarios de la justicia. Sin embargo, muchos inmigrantes indocumentados tratan de evitar cualquier interacción con la policía. Kourousias dice que los mismos polleros que los introducen en Estados Unidos les aconsejan evitar las fuerzas del orden en la medida de lo posible.
“Me aterrorizaba caminar cerca del precinto. Pensaba que la policía era mala”, dice Aída. [Mi esposo] me dijo que yo era una ilegal y que me iban a agarrar”.
Para algunos inmigrantes indocumentados, el temor a ser deportados amainó tras la decisión del presidente Obama de clausurar el programa federal Comunidades Seguras en noviembre de 2104 . Esta iniciativa permitía a las autoridades locales compartir las huellas dactilares de inmigrantes encarcelados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que, si era pertinente, podía iniciar el proceso de deportación.
Nueva York se encuentra entre las ciudades que rechazaron participar en el programa, el cual comenzó en 2008, en uno de los últimos coletazos de la administración de Bush.
Paradójicamente, esta decisión favoreció a Mejía-Ramos. En julio de 2010 la policía lo detuvo por una infracción de tráfico y los funcionarios de inmigración pusieron en marcha su proceso de deportación. Según explicó al diario The New York Times un funcionario de inmigración, en abril del 2013, su caso fue cerrado porque no coincidía con las pautas federales que la administración de Obama dictó: centrarse en delitos mayores y no en infracciones menores.
Nueve meses después, Mejía-Ramos asesinó a Deisy García y a sus hijas.
UNA FAMILIA EN RECONSTRUCCIÓN
Un soleado domingo de principios de diciembre, como cada semana, Luzmina Alvarado asiste a los oficios en la Iglesia Naciones Unidas en Cristo en Jamaica, donde aún reside.
Alvarado dice que ir a su iglesia de siempre en Sutphin Boulevard, donde su hija solía bailar los domingos, sirve para aliviar su pena. También le gusta mirar los retratos de su Deisy, Daniela y Yoselin que pueblan las paredes del modesto apartamento que comparte con sus tres hijos varones, a unos cinco minutos andando del piso donde su hija fue asesinada.
Alvarado señala la última fotografía que tomó de su hija: una Deisy García sonriente, sentada en una silla frente a un árbol de Navidad. En otra foto tomada ese día, García, Yoselin y Daniela posan ante el arbolito, luciendo idénticos vestidos rojos.
Se aproxima la segunda Navidad sin su hija y sus nietas y Alvarado aún no siente ganas de celebrar los días festivos.
Por lo menos este año puso un arbolito con luces blancas; el pasado estuvo toda la Navidad llorando.
Luzmina no es la única. Su hermana, Sara Alvarado, y su cuñado, Romeo Chuc, fueron los que descubrieron los cadáveres. Hoy, aún los persigue la imagen. El matrimonio tuvo que dejar la casa y ahora vive a la vuelta de la esquina. Sara Alvarado fue a terapia durante siete meses, hasta que se le acabó el dinero. Desde el asesinato de Deisy no pasa mucho tiempo con su hermana; es demasiado doloroso para ambas.
Después de la muerte de García los policías de Nueva York recibieron la directriz de traducir con urgencia toda denuncia de violencia machista que no esté redactada en inglés.
“Estas denuncias se traen a la comisaría y el policía o funcionario que esté presente es responsable de traducirlas”, dice Carlos Nieves, portavoz del NYPD. “Anteriormente ha habido ocasiones en que no se tradujeron [las denuncias] y ocurrieron tragedias. Pero estamos tomando medidas para que no vuelva a suceder”.
El pasado 21 de noviembre de 2015, coincidiendo con el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador Andrew Cuomo firmó una ley, inspirada en el caso García, que también ordenaba a los cuerpos policiales de todo el estado traducir con prontitud los reportes. Antes no existía un protocolo para estos casos más que el dictado del sentido común.
“Me parecía como algo que podía ser fácilmente evitable”, dice el senador Brad Hoylman, que leyó sobre la muerte de Deisy en la prensa y decidió impulsar este proyecto de ley. “Esperamos que sea un pequeño consuelo para sus amigos y familiares”.
El 21 de noviembre de 2015 el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una ley inspirada en el caso García que ordena traducir con prontitud los reportes de violencia doméstica.
Nieves explica que el NYPD está probando una app de Microsoft que reconoce el idioma en que una persona está hablando y lo traduce inmediatamente al inglés. El departamento estima que sus 35,000 agentes tendrán un teléfono Nokia con esta app antes de abril de este año.
La reacción institucional, sin embargo, nunca alcanzó las calles de Jamaica. Alvarado no sabía que la muerte de su hija había inspirado una ley y dice que nadie del NYPD o del municipio le ha ofrecido ayuda ni se ha puesto en contacto con ella. Dice que entiende que su hija no era estadounidense, pero señala que Yoselin y Daniela habían nacido en Nueva York y, por lo tanto, eran americanas.
“Tenían derechos, pero parece como si valieran menos que un perrito”, dice.
Le pregunto si le gustaría recibir una disculpa, y Alvarado responde: “Ya no me importa. Mi hija ya murió”.
La madre de Deisy hoy tiene 37 años y trabaja limpiando casas en la ciudad. Ella empezó a trabajar cuando tenía 12 años en Ciudad de Guatemala. Cuidaba niños. A los 14 años se casó y Deisy nació menos de un año después. Cuenta que trabajó duro para traer a Deisy y a sus tres hermanos varones, entonces menores, a los Estados Unidos.
“Yo quería un futuro diferente para ella”.