Fotografía por Daniele Volpe y texto por Lorena Arroyo
Con una deuda histórica por un conflicto armado de 36 años que dejó unos 200,000 muertos y desaparecidos y más de un millón de desplazados, el campo guatemalteco llega a las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre con muchas heridas difíciles de cerrar.
Allí tuvieron lugar los capítulos más crudos y sangrientos y el único genocidio de la Guerra Fría en América Central. El ejército guatemalteco combatió con toda su fuerza a las guerrillas comunistas que surgieron en la década de los 60 en las sierras orientales y se multiplicaron por todo el país. Entre 1960 y 1996, se contabilizaron 626 masacres.
La mayoría de las víctimas (el 83%, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico) eran indígenas mayas. Muchos de sus verdugos también lo fueron. El Estado (responsable de la mayoría de las atrocidades –el 93%, según esa misma comisión) se dedicó a reclutar a jóvenes de la zona para formar sus pelotones.
Los acuerdos de paz de diciembre de 1996 pusieron fin al largo conflicto y sentaron las bases del nuevo país que se quería construir. Primero hubo que superar lo que el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa denominó el miedo a tocar la “cola del dragón”. Esa es la expresión con la que un indígena ixil al que entrevistó se refirió al tiempo en el que dominó una especie de pacto de silencio por el que no se hablaba de la crudeza del genocidio. Superado el mutismo, llegaron la apertura de fosas y la toma de evidencias.
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“Justice for Genocide” cries out a mural in a street of Guatemala City.
Uno de los antropólogos forenses que participó en las exhumaciones, Clyde Snow, aseguró haber visto más atrocidades en Guatemala que en Bosnia o Irak.
Los primeros frutos de esos trabajos llegaron en 2009 cuando los tribunales guatemaltecos comenzaron a juzgar a los autores de los crímenes de la guerra. Cuatro años más tarde, en mayo de 2013, el país asistió a una simbólica condena. A sus 86 años, con el cabello y el bigote poblado de canas, Efraín Ríos Montt se convertía en el primer exmandatario en ser declarado culpable de genocidio por un tribunal de su país.
Antes de conocer la sentencia, el exgeneral oyó testimonios como el de Julio Velasco, un indígena ixil que relató sus recuerdos por videoconferencia. Con solo 8 años vio a un grupo de oficiales del ejército jugar al fútbol con la cabeza de una anciana a la que habían decapitado. También vio cómo otros cortaban la lengua a quienes no hablaban español. Ríos Montt escuchó muchos de esos testimonios relatados en idioma ixil con auriculares de traducción simultánea.
Jose Efrain Rios Montt declara durante el juicio en su contra por genocidio.
El hombre que gobernó con mano de hierro Guatemala entre 1982 y 1983, la época en la que se produjeron las peores matanzas de la guerra, fue condenado entonces a 80 años de cárcel por el asesinato de más de 1,700 indígenas a manos del ejército en ese periodo. Fue una sentencia inédita que dividió a los guatemaltecos entre los que consideraban que fue un genocidio y los que no. La Corte de Constitucionalidad la anuló una semana después por “errores de procedimiento”.
A Ríos Montt aún le esperaba otro juicio, pero fue declarado incapacitado. Al contrario del expresidente que, según los informes de los peritos padece demencia, los campesinos no quieren olvidar.
Familiares de víctimas de genocidio asisten al juicio en contra de Ríos Montt.
Las heridas del campo guatemalteco no son solo las que dejó este sangriento capítulo de su historia contemporánea. Las áreas rurales donde vive la mayoría de los 15.5 millones de habitantes también sufren otros males crónicos como la pobreza y la desigualdad social. Y en casi la mitad de esas zonas, el 75% de la población es pobre, según el último Mapa de Pobreza Rural.
En todo el país, más del 62% de la población vive en situación de pobreza media, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Otro 30% sobrevive en la pobreza extrema. Además, casi la mitad de los niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica.
La desigualdad, la pobreza y la violencia han hecho que millones guatemaltecos, principalmente de las sierras de los municipios del occidente del país, huyan en busca de mejores oportunidades. La migración a Estados Unidos es vista por muchos como la mejor salida ante los males endémicos del país, aunque eso signifique endeudarse y jugarse la vida tratando de llegar a “el Norte” cruzando México por tierra.
Se estima que cerca de 2 millones de guatemaltecos viven en EEUU. El 60% son indocumentados. Paradójicamente, la inmigración hacia EEUU acabó teniendo un inesperado eco en la política anticorrupción en Guatemala. Concretamente, el incremento de la llegada de menores no acompañados a EEUU -68,000 en 2014-, procedentes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. El número de niños y adolescentes cruzando por tierra la frontera sur estadounidense de manera ilegal no tenía precedentes y desató una crisis humanitaria para el gobierno de presidente Barack Obama.
“Fuentes cercanas a la embajada de los Estados Unidos y a la cancillería guatemalteca explican que, tras la masiva presencia de niños en territorio estadounidense, la crisis humanitaria se convierte en crisis de seguridad nacional para dicho país”, indica el reportaje de Plaza Pública.
Entonces, según el texto de Álvaro Velásquez y María Paiz, Washington propuso “incrementar la inversión social en los territorios que son la base de la pobreza y falta de empleo” del altiplano guatemalteco. Pero los estadounidenses encontraron que algo impedía aumentar la recaudación: la corrupción. “Para EEUU, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) era la herramienta perfecta contra la impunidad gubernamental”, indican.
De hecho, cuando en enero pasado el expresidente Otto Pérez Molina dio por concluidas las labores de ese órgano independiente creado por la ONU y cuyo mandato expiraba el 15 de septiembre, EEUU no dudó en defender de manera enérgica su permanencia. El vicepresidente estadounidense Joe Biden lideró esa cruzada, por la que viajó a Guatemala y defendió de forma explícita que se prorrogara el mandato de la Cicig. Pese a reconocer que esa era una decisión soberana del gobierno guatemalteco, Biden no dudó en supeditar la entrega de “miles de millones de dólares” para el desarrollo por parte del Congreso estadounidense dentro de la iniciativa de la Alianza para la Prosperidad a la continuidad de la comisión.
En abril pasado, una semana después de que el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, denunciara el desmantelamiento de la red de corrupción aduanera de “La Línea”, Pérez Molina anunció la extensión del mandato de la comisión hasta 2017. Esa investigación provocó la renuncia y el encarcelamiento del exmandatario por su supuesta implicación en el caso, en una situación sin precedentes a la que también contribuyeron multitudinarias protestas ciudadanas.
Entre las demandas de los manifestantes, principalmente de sectores urbanos y estudiantiles pero que también tuvieron eco en el campo, estaba la reforma de la ley electoral antes de la celebración de los comicios. Algunos manifestantes pedían que la población no votara, pero en la primera vuelta más del 70% de los 7.5 millones de guatemaltecos inscritos acudieron a las urnas. Precisamente, en las áreas rurales está uno de los principales avances respecto a la participación electoral de la última década.
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Como señala el periodista Asier Andrés en un artículo de la revista Contrapoder, “la Guatemala que vota se parece cada vez más a la Guatemala real”, ya que desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1996, el Tribunal Supremo Electoral se esforzó en empadronar a quienes habían permanecido al margen del sistema electoral.
Así, el departamento en el que más exponencialmente ha crecido el número de votantes es también el más pobre del país: Alta Verapaz, una región extensa, selvática, con altos porcentajes de población indígena y donde buena parte de la población vive a horas de la cabecera municipal.
Pero el campo sigue siendo escenario también de algunos de los principales retos electorales, como las denuncias de acarreo -el traslado ilegal de ciudadanos a las urnas a cambio del voto- y la compra de sufragios que surgen elección tras elección.
En San Juan Sacatepequez muchos electores llegaron en buses que los partidos políticos pusieron a su disposición.
“La verdad es que aquí la gente viene por sus propios medios, pero hay a otros que los traen, los dan sus almuerzos en sus sedes; los acarrean para prácticamente comprarles el voto. A todos halan pero se aprovechan más de la gente necesitada“, afirma Melvin García, un vecino de 58 años del casco urbano de San Juan Sacatepéquez.
García sostiene que cada vez hay más centros de votación en las comunidades, pero que todavía quedan muchos lugares a donde no llegan.
Llegar a las urnas puede ser costoso para los vecinos.
Para María Patzán, una mujer indígena de la aldea Pachalí con 4 hijos y con el quinto en camino, pagar 4 quezales ($0.5 dólares) para llegar al centro de votación más cercano supone un gasto excesivo.
En su aldea no puede votar, pero hasta allí se desplazaron algunos equipos de campaña.
“Todos dicen lo mismo y a última hora no cumplen y a veces no sabe uno qué hacer, por quién va a votar uno si son todos iguales”, dice Patzán.
“Bien vinieron unos partidos a prometernos cosas pero no sabemos si las van a cumplir o no. Nadie sabe. Dios sabrá a quien va a dejar en el puesto”.
