Fotografía por Daniele Volpe y texto por Lorena Arroyo
“Portamos esta capucha no porque tengamos miedo, no porque queramos darles miedo a ustedes, porque somos compatriotas y compañeros de lucha y, por eso, ante ustedes, nos quitamos la capucha para demostrarles que somos estudiantes. Ustedes nunca más van a quedarse solos”.
Con estas palabras, Tommy Morales, uno de los líderes universitarios que se pusieron al frente de las manifestaciones espontáneas que desde abril surgieron en Guatemala en contra de la corrupción, se quita el capuchón con el que cubre su rostro y su barba rojiza ante cientos de manifestantes. Lo hace como símbolo de la transparencia que predica. “Sigamos luchando. No voten a los mismos. Estamos en una página en blanco donde nosotros decidimos qué escribir. Queremos que voten conscientes y que no votemos por los mismos que nos han tenido pisoteados”, afirma el estudiante de 26 años de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), mientras es ovacionado por otros manifestantes.
La escena tuvo lugar a principios de septiembre, antes de la primera vuelta de unas elecciones marcadas por la caída y el encarcelamiento pocos días antes del expresidente Otto Pérez Molina, imputado por corrupción. Su renuncia fue el punto álgido de la investigación de una red de fraude aduanero denominada “La Línea” que estaba incrustada en el Estado y por el que también cayeron la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y decenas de funcionarios más. Mientras el exmandatario se defendía ante los tribunales y los ciudadanos celebraban lo que consideraban una victoria de la democracia, muchos latinoamericanos miraban con cierta envidia de que no se replicara en sus países lo que pasaba en Guatemala.
“Somos los estudiantes que damos la cara manifestando por los que no pueden… tenemos la oportunidad de ser un pueblo digno, no podemos darle el voto a otro militar”. -Victor Cuellar “el chafa”, 20 años, estudiante de arquitectura.
Este domingo, 25 de octubre, el país llega a las urnas con la resaca de ese movimiento que prometió enterrar al viejo Estado. Pero las opciones de gobierno en esta segunda vuelta pasan por dos candidatos con claros vínculos con el pasado: Jimmy Morales y Sandra Torres. El comediante y empresario conservador Jimmy Morales promete luchar contra la corrupción, pero ha sido cuestionado por el apoyo a su campaña de exmilitares de línea dura. Pese a llegar a los comicios sin experiencia política previa, Morales es representante del Frente Convergencia Nacional (FCN), un partido nacionalista creado por militares retirados que participaron en el conflicto guatemalteco (1960-1996), aunque el candidato asegura que esas personas ya no son parte del partido.
Por su parte, la exprimera dama Sandra Torres tiene como bandera de su programa la lucha contra la pobreza y la recuperación de los programas sociales que impulsó el gobierno de su exesposo, el expresidente Álvaro Colom. La candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se divorció en 2011 de Colom para poder postularse a la Presidencia, en un movimiento que fue cuestionado como una estrategia para garantizar la permanencia de la dupla en el poder.
“Muchas veces la democracia es injusta. Seguimos teniendo a las mismas personas pese a que hay la oportunidad de elegir”, lamenta el líder universitario Tommy Morales.
Las protestas en las que Morales participó tuvieron una base principalmente urbana: estudiantes, profesionales y amas de casa que salieron espontáneamente a las calles movilizados en parte por las redes sociales para exigir el fin de la corrupción, la caída de la pareja presidencial y la reforma del sistema electoral. A ellos se unieron también grupos indígenas y comunitarios, más acostumbrados a la lucha social.
“Claramente la gente no está contenta. Hay un proceso de descontento y hay muchos problemas que no ha podido solucionar la renuncia de dos personas”, afirma el líder estudiantil.
020
006
008
018
009
043
042
La primera ronda de votaciones y la ola de descontento popular se saldaron también con la caída de uno de los candidatos que partían como favoritos: el empresario derechista Manuel Baldizón, que no consiguió suficientes apoyos y denunció actos irregulares e indicios de corrupción. Con su derrota se estaba rompiendo una tendencia histórica en Guatemala: la que dictaba que el perdedor de unas elecciones siempre se proclamaba vencedor en las siguientes. Baldizón había perdido en los comicios anteriores frente a Pérez Molina que ahora pasa los días en el Centro de Detención Preventiva de Matamoros, a las afueras de Ciudad de Guatemala, acusado de participar en “La Línea”, un esquema fraudulento por el que los funcionarios de aduanas recibían comisiones ilegales que se repartían en el gobierno.
El expresidente fue enviado a prisión pocos días después de que cientos de miles de ciudadanos exigieran su renuncia en la mayor manifestación pacífica de Guatemala: la del 27 de agosto y horas después de que el Parlamento le quitara la inmunidad. Para entonces, ya había muchos indicios que apuntaban al presidente y que fueron recopilados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo formado en conjunto por Naciones Unidas y la Fiscalía.
028
024
025
027
031
023
Las pesquisas del equipo dirigido por el colombiano Iván Velásquez y una serie de reportajes periodísticos que expusieron los casos de corrupción como algo generalizado y que mostraron a las aduanas como un sistema fraudulento controlado por el ejército desde la década de los 70 prendieron la mecha de la indignación popular. “La banda presidencial nos quiso callar con todo el peso del poder, pero insospechadamente primero se cayó”, escribió el director de El Periódico José Rubén Zamora, en un editorial después de que Pérez Molina perdiera su inmunidad.
La crisis política no llegó sola a Guatemala. Lo hizo acompañada de una crisis fiscal. Según un análisis de Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la inestabilidad que vivió el país repercutió en las importaciones, que disminuyeron en más del 4% y en el crecimiento del déficit fiscal. “Estos son indicadores de que las inversiones privadas y el consumo se están congelando, mientras la capacidad de recaudación tributaria sigue deteriorándose”, indica el informe.
Trabajo en el basurero municipal, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.
El próximo presidente tendrá que hacer frente a eso y a uno de los principales males de Guatemala: la gran desigualdad, que no sólo se ve en las diferencias entre las áreas rurales y urbanas, sino también en las propias ciudades, donde modernos centros comerciales y urbanizaciones acomodadas conviven en el paisaje con montañas de barriadas pobres. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Guatemala el 40% más pobre tuvo una participación del 12.8% en el producto interior bruto total de 2006, en contraste con el 10% más rico, que participó con el 39.8%.
Lo que parece claro es que quien reciba la Presidencia de Guatemala tendrá que hacer frente a una mayor fiscalización por parte de la población. “Si quien salga elegido no trabaja bien, espero que no tengamos que esperar tres años. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es ser actores de denuncia”. No vamos a descuidar el poder de auditoría social”, apunta el líder estudiantil Tommy Morales.
