El laberinto de Marvin

Marvin Corado calculó que sería feliz al quedar libre. “Como éramos antes’’, dijo, en víspera de salir del centro de detención Broward Transitional Center, en Pompano Beach, al sur de Florida en 2012. “Una familia que nada de estos obstáculos los pudieron separar”.

Los obstáculos de lo que hablaba Corado tenían que ver con con el drama que han vivido él, su esposa y su hija desde que llegaron a Estados Unidos en busca de trabajo y tranquilidad hace 16 años.

Los Corado no lograron lo que soñaban. “No regresó el marido que salió un día de mi casa a trabajar (…) No sé, no sé qué ha pasado pero mi vida no ha sido la misma desde que lamentablemente él entró a migración’’, dijo su esposa, Leslie.

Durante tres años y medio el equipo de Univision Investiga siguió los pasos de este inmigrante guatemalteco de 32 años para entender el alcance de todos los negocios lícitos e ilícitos que han girado alrededor de su drama, desde el día en que su padre hipotecó su casa para pagarle al traficante que lo trajo a Estados Unidos hasta el último pago de un abogado de inmigración en Miami.

El tiempo que Marvin estuvo en el centro de detención para migrantes significó en promedio un ingreso superior a 20,000 dólares para GEO Group, la empresa dueña de ese centro. Para el año que Marvin estuvo detenido GEO Group recibía del gobierno federal un promedio de 166 dólares por detenido cada noche, una cifra que hoy asciende a 193 dólares.

“La inmigración es un negocio muy lucrativo para los inversionistas, los accionistas y los políticos’’, explicó Daniel Carrillo, director de Enlace, una organización que vela por los derechos de los inmigrantes.

Después de 2008, el perfil de los detenidos y deportados pasó de inmigrantes condenados y recién llegados hacia hombres en edad productiva que habían vivido más de un año en Estados Unidos, algunos durante la mayor parte de su vida. Los inmigrantes ya no fueron detenidos solo por haber cometido delitos, sino por causas mucho más simples, a menudo por infracciones de tránsito, como es el caso de Marvin.

Cuando fue detenido, Marvin llevaba 12 años en Estados Unidos e iba camino a su trabajo.

“A mí me arrestaron por no (tener) licencia. Estaba esperando la luz verde, el policía se me paró así al lado izquierdo, al lado mío y sólo esperó que diera la luz verde y él me puso las luces”.

Le llevaron tres meses a una prisión. El día que salió, el juez de Migración le dijo a su esposa, según ella lo recuerda: “‘Ahora sí te vas a cenar en tu casa con tu familia’. Y nos la creímos”. En lugar de eso, le retuvieron durante 129 días más en el centro de detención.

Las empresas que manejan los centros de detención no solo reciben generosos subsidios del gobierno sino que logran bajar sus costos de operación al mínimo empleando a los internos por sumas irrisorias.

Marvin trabajó en la cocina del centro de detención durante cuatro horas y media al día por un dólar por cada jornada. Según él los detenidos hacían todos los trabajos como la limpieza, la preparación de alimentos y el manejo de la lavandería. En la cocina, agregó, sólo trabajaba un empleado externo, el resto de labores las hacían los propios detenidos.

Son condiciones que llevaron a los detenidos de un centro de Aurora, Colorado, a presentar una demanda colectiva contra Geo Group. Los demandantes alegaron que eran sometidos a “trabajos forzados’’ y que algunas veces no recibían ni siquiera el exiguo salario de un dólar por trabajar el día entero. El litigio aún se encuentra pendiente.

En Aurora estuvo detenido en agosto del año pasado Wilberth Góngora, un mexicano que había vivido en Denver los últimos 18 años, donde tuvo dos hijos.

“Un paquete de galleta que traía 20 galletas nos costaba tres dólares, en la calle cuestan 99 centavos. Allá pues le doblaban los precios. Un refresco de lata pues valía casi tres dólares también”, relató Wilberth.

Otro problema común son los cargos por llamadas telefónicas que se realizan con tarjetas emitidas por una compañía autorizada por el lugar. Cada minuto tiene un valor de 20 centavos, equivalente a lo que gana cada interno en una hora de trabajo.

“Las compañías telefónicas tienen un monopolio en los cargos que ellos ponen en estas llamadas. Eso significa que las familias [en los centros de detención] pasan dificultades para hablar con sus abogados o con sus familiares”, señaló la asambleísta de California Lorena González, quien representa a las ciudades ubicadas al sur de San Diego.

González ha combatido estos abusos y uno más que resulta recurrente: las estafas de los abogados. Ha logrado pasar dos proyectos de ley que protegen a los indocumentados de cobros anticipados, con la falsa promesa de estar en los primeros lugares de resolución de casos, una vez que terminen los litigios respecto a la acción ejecutiva del presidente Obama.

Desde el año 2000, el Departamento de Justicia ha suspendido en todo el país a 673 abogados especializados en asuntos de inmigración, la mayoría en California, Nueva York, Florida y Washington D.C.

Marvin explicó a Univisión Investiga que ha pagado más de 10,000 dólares entre los seis abogados que ha contratado y los resultados han sido decepcionantes.

“Se han aprovechado de mí. Me cobran un cierto dinero, (me dicen) que me van a arreglar mis papeles, que ellos hablan con migración, que mandan papeles y después me dicen que migración me los rechaza. (…) He perdido mucho dinero y la verdad esto sigue igual, sin que ellos me hayan arreglado nada”, relató.

Entre los inmigrantes que no representan para ICE un alto riesgo de escapar de Migración antes de llegar a su fecha en la Corte se ha implementado el programa Alternativas a la Detención, el cual también beneficia a negocios privados y funciona por medio de la instalación de grilletes electrónicos en sus tobillos.

Gracias a la presión de organizaciones civiles y a que su esposa se manifestó frente al centro e hizo público su caso, Marvin no fue deportado. Wilberth, sin embargo, sí pasó a formar parte de las 2.8 millones de personas deportadas por ICE en este sexenio, según cifras que abarcan de 2008 a 2015.

Muchos de ellos son trasladados dentro de Estados Unidos y a sus países de origen en aviones privados rentados por Migración. Un informe fechado en abril de 2015 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) encontró que las compañías privadas que hacen los traslados mueven a muchos detenidos repetidamente a los mismos sitios, en vuelos medio vacíos, antes de deportarles.

La principal beneficiaria de esta parte del negocio es CSI Aviation Services de Nuevo México, propiedad de Allen Weh, un exmarino veterano de las guerras de Vietnam e Iraq, quien fue candidato republicado al Senado en 2014. Su compañía ha ganado en los dos mandatos de Obama más de 790 millones de dólares gracias a estos traslados.

Ya en México muchos de los deportados encuentran una segunda oportunidad de empleo en las compañías de centros de atención telefónica o call centers, que se benefician de que este nuevo perfil les abastece de empleados no sólo bilingües, sino biculturales.

Solamente en la ciudad fronteriza de Tijuana, segundo punto de mayor entrada de deportados a México, los call centers emplean a 12,000 personas, de los cuales el 70% son deportados, según dijo en entrevista con Univision Jorge Oros, presidente del clúster de los call centers en Baja California. Los repatriados ganan en México cinco veces menos que en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo.

“Hay un negocio en torno a la deportación’’, afirmó González. “En todas partes, desde los abogados hasta las compañías telefónicas y las prisiones privadas. Sabemos que la gente está haciendo mucho dinero’’, concluyó.

Los trinos de Trump

En marzo de 2015 Donald Trump escribió a sus más de 4.5 millones de seguidores de su cuenta en Twitter: “Debido a Rodolfo Rosas Moya, que me debe mucho dinero, México nunca más volverá a ser sede del concurso Miss Universo’’.

En este mensaje podría estar la clave del desprecio que ha demostrado Trump hacia los mexicanos. La historia detrás del trino es un complejo litigio legal entre la organización Miss Universe, de la cual Trump era socio mayoritario, y varios empresarios mexicanos.

Rodolfo Rosas Moya, la persona atacada con nombre y apellido en el tuit de Trump, es un ingeniero urbanizador de una prospera zona turística del Caribe mexicano conocida como la Riviera Maya. Rosas, de 60 años, fue parte de un grupo de empresarios de la zona que logró que el concurso de Miss Universo escogiera a Cancún en 2007 como una de las sedes del certamen de belleza en México. Los empresarios pensaban que el concurso ayudaría a relanzar ante el mundo la imagen turística de la zona, que había sufrido sensiblemente con los embates del huracán Wilma el año anterior.

Miss Universe suscribió un contrato de anfitrión con Grupo Promotor MU México y un contrato de garantía de los patrocinios con el empresario mexicano Pedro Rodríguez y con la firma Comercializadora Ronac. Rosas es accionista de Ronac. Los mexicanos se comprometieron a obtener el patrocinio del concurso por parte de los gobiernos de Ciudad de México, Cancún y Chiapas. También asumieron la organización administrativa del evento que es visto por más de 1,000 millones de televidentes. Las tres ciudades aportaron un total de 6.5 millones de dólares. Para garantizar el pago de los estados, los empresarios aportaron una serie de casas y lotes de su propiedad.

La manera como se realizaron los preparativos para el concurso depende de quien lo cuente. El abogado de Miss Universe en México, Juan Francisco Torres-Landa, sostuvo que fue un desastre. “El concurso estaba tan mal organizado y con tantas carencias que hubo la posibilidad o se contempló la posibilidad, inclusive, de cancelarlo”, afirmó Torres-Landa.

Pero Rosas asegura que no hubo mayores problemas, excepto los inconvenientes normales que siempre se presentan en este tipo de eventos. “Cuando terminó el concurso y durante los días previos yo no me enteré de que hubiera habido un problema. Todo era mucha cordialidad’’, dijo. “No hubo ni siquiera un reclamo después del concurso”.

De acuerdo con el productor asistente del concurso Gabriel Chino, por su lado tampoco hubo problemas. “Al terminar el show [el productor general] nos agradeció y nos dijo que el equipo mexicano con el que trabajó había sido el mejor equipo con el que ha trabajado en ningún lugar del mundo”.

El caso es que las quejas de la empresa de Trump no se ventilaron de inmediato en tribunales de México ni de Estados Unidos.

Sin embargo, dos años y cuatro meses después del concurso y para sorpresa de Rosas el abogado de Miss Universe logró un embargo preventivo de 25 lotes de Comercializadora Ronac, la empresa a nombre de la cual estaban las propiedades que se habían aportado como garantía de pago de los estados.

Lo peor, explica Rosas, es que los lotes embargados no habían sido puestos como garantía. “Lo que hicieron mañosamente es un embargo precautorio. El precautorio, ¿qué es? Te embargo o te detengo tus propiedades mientras que averiguamos si esa empresa me debe o no’’, explicó Rosas. “Pero eso me está afectando a mí, y bueno, no a mí, está afectando a los propietarios que van a comprar los terrenos”.

La versión de que la acción legal fue sorpresiva es puesta en duda por el abogado del concurso, quien sostuvo que hizo esfuerzos por llegar a un acuerdo amistoso. “Los intentos fueron infructuosos, básicamente porque las llamadas no se contestaban o porque si había alguna llamada, la respuesta era evasiva. Eran simplemente ‘Ya voy, ya merito’, ‘Espérame un poco, ya estoy resolviendo’”.

Según Rosas el golpe más duro vino después. En octubre de 2014 Miss Universe logró que un tribunal de arbitramento de Nueva York condenara a las empresas demandadas a un pago de 12 millones de dólares por el incumplimiento del contrato anfitrión.

El laudo arbitral detalla una larga lista de supuestos incumplimientos de los demandados. Los acusa de no haber cumplido a tiempo con el pago de patrocinios, de fianzas y del alquiler de algunas instalaciones; de no haber hecho el montaje de las oficinas de producción; de no haber contratado personal de seguridad y de no cubrir el hospedaje y alimentación de las concursantes, los costos de producción y los pasajes aéreos.

Según el laudo, “Rodríguez, Rosas y otros habían utilizado muchos de los boletos para sus viajes personales”.

Litigio complicado

La historia judicial después de que se bajó el telón del concurso se ha ido complicando con el tiempo.

El litigio durante los últimos seis años ha engrosado varios tomos en juicios paralelos en México y Estados Unidos, donde ambas partes han ganado parte de la batalla y nadie ha logrado cobrar un centavo.

De un país a otro hay divergencias evidentes en la historia. Como ejemplo, el laudo arbitral de Nueva York acusa a los organizadores mexicanos de haber incumplido con la fecha de aportación del primer millón de dólares que entregaron a Miss Universe como parte del pago. Según esta versión los mexicanos obtuvieron el dinero del gobierno de Quintana Roo, donde se ubica la Riviera Maya, y lo entregaron a Miss Universe “a fines de diciembre de 2007”.

La batalla de los abogados se ha centrado en cuál es la cantidad real de terrenos a los que Miss Universe tenía derecho.

En México la historia es distinta. Nueve meses antes de esta fecha que se aseguró en Nueva York los representantes de Miss Universe habían firmado otro documento en el que admitían que ya tenían en su poder ese millón de dólares. Los árbitros estadounidenses no reflejaron en su dictamen algún análisis que aclare esta diferencia.

La batalla de los abogados se ha centrado en cuál es la cantidad real de terrenos a los que Miss Universe tenía derecho como parte de la garantía. Los demandantes afirman que son 25 lotes de la compañía de Rosas, ubicados en una zona urbana cerca de Playa del Carmen, una zona paradisiaca en el Caribe mexicano. La defensa del empresario mexicano replica que solo son seis.

Un documento de aportación inicial firmado por los organizadores y Rosas en marzo de 2007, del cual Univision obtuvo una copia, daría la razón a Miss Universe.

Allí se mencionan estos 25 lotes, aunque también se dice que solamente “algunos habrán de transmitirse” a nombre del concurso.

Pero otro documento firmado un mes después y también en poder de este medio, cambia radicalmente la historia. Se especifican únicamente seis lotes como la aportación de la compañía del urbanizador Rosas.

Durante el litigio la defensa de Miss Universe ha considerado inválida la firma de este segundo documento. Los mexicanos insisten en que esto es incorrecto. Su argumento: la presidenta de Miss Universe Organization, Paula Shugart, firmó una carta para instruir al banco HSBC a que hiciera los trámites ante el registro público para hacerse de seis terrenos, no de 25.

El empresario Rosas tiene su propia hipótesis. El no descarta que la verdadera intención de Trump es quedarse con los terrenos de una zona que ha experimentado una gran valorización inmobiliaria. Rosas recuerda que en una ocasión Shugart le contó que Donald Trump había mencionado la posibilidad de construir una torre Trump en la Riviera Maya.

Violeta Márquez, realtor de Sotheby’s International Riviera Maya, confirma la enorme plusvalía que ha ganado la región, que se ha convertido en lugar de veraneo para estrellas como Angelina Jolie, Brad Pitt, Julia Roberts, Adam Sandler y Justin Timberlake. “En cuestión de precios también ha habido un gran aumento debido a que a pesar de que la oferta es bastante amplia, definitivamente la demanda la supera”, contó en entrevista.

Torres-Landa calificó de “absurda’’ la sospecha de Rosas pues, según explicó, lo que la organización del concurso busca es que los bancos saquen a remate los lotes y le paguen.

Trump desconfía abiertamente de la justicia mexicana. En un tuit con estas acusaciones en febrero pasado escribió: “Tengo una demanda en el corrupto sistema judicial mexicano, que gané y no he podido cobrar. No hagan negocios con México”.

El mensaje causó una gran polémica porque sucedió dos días después de que el director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu ganara el Oscar como mejor director y como mejor película, con su filme Birdman.

Fue el inicio de una larga cadena de descalificaciones hacia México, que ha marcado una parte de la precampaña presidencial de Trump y trajo como consecuencia que las cadenas Univision y NBC cancelaran sus contratos de transmisión de Miss Universo.

Estas descalificaciones se han traducido en propuestas de campaña para reducir las visas temporales de trabajo, lo cual contrasta con lo que Trump ha tramitado para sus propios empleados. Una investigación de la unidad de datos de Univision Digital reveló que 13 de sus empresas solicitaron autorización para traer, al menos, a 795 trabajadores extranjeros, la mayoría mexicanos y casi todos con los programas de trabajo temporal H1B y H2B.

“Claramente encontramos una contradicción entre lo que planteaba él en su discurso público, lo que planteaba su plan migratorio principalmente con lo que hacían sus empresas”, dijo Ronny Rojas, quien dirige esta unidad.

En México, el abogado mercantil Carlos Odriozola analizó varios documentos de los juicios por los terrenos en Playa del Carmen a solicitud de Univision. Considera que todos los escenarios que se han planteado hasta ahora en el litigio son normales.

“El hecho de que existan varios juicios no significa que exista corrupción”, explicó. “Evidentemente cuando las personas o los demandantes no logran con la celeridad que ellos quieren a lo mejor lograr sus objetivos, a veces es muy fácil echarle la culpa al juez”.

La frontera virtual: vuelve y juega

La frontera de México con Estados Unidos es el símbolo más visible de la guerra contra la inmigración ilegal. Políticos radicales y moderados del Partido Republicano y algunos demócratas coinciden en que la zona se debe fortalecer pese a que el número de indocumentados que la cruzan se ha reducido.

En lo que difieren es en la magnitud del proyecto. La propuesta más ambiciosa, pregonada por Donald Trump, consiste en construir un muro de concreto a lo largo de las casi 2,000 millas.

En cualquier caso la frontera es una vez más una oportunidad de negocios para las empresas de defensa y seguridad. Además de las barreras físicas ya instaladas, el gobierno federal le está apostando a una tecnología que ya fracasó.
En 2011, la Oficina de Protección Fronteriza debió cancelar el proyecto SBI-net system de vigilancia virtual de la frontera que había asignado a la empresa Boeing. Hasta ese momento había costado 1,100 millones de dólares y solo cubría 53 millas en el estado de Arizona.
“La tecnología que usaron no funcionaba nada. Porque estaba en el desierto y la arena fue un problema con las cámaras. Cuando había un viento, las cámaras no funcionaban. Tampoco podían distinguir inmigrantes y animales cruzando en el desierto”, explicó Marc Rosenblum, analista de Migration Policy Institute.
Una investigación de la Oficina de Contabilidad del Congreso, GAO, por su nombre en inglés, detectó 1,300 defectos en equipos entre los cuales citó fallas en las pruebas e incumplimientos sistemáticos.

El muro virtual ha sido levantado de nuevo. El gobierno adjudicó un contrato para la adquisición de un sistema similar a la empresa EFW, Inc, filial de Elbit Systems of America, una subsidiaria de la firma israelí Elbit Systems. Para obtener el contrato de 145 millones de dólares, Elbit presentó como parte de su experiencia la construcción del muro que separa a Israel de Palestina conocido como la Barrera Israelí de Cisjordania. Este contrato es parte de un paquete de 700 millones de dólares.

La ejecución del nuevo contrato ya está dando señales preocupantes. En marzo de 2014 la directora de GAO, Rebeca Gambler, explicó a un subcomité de la Cámara de Representantes que en general los calendarios y estimaciones de los programas “reflejan algunas pero no todas las mejores prácticas”. Citó como ejemplo que los cronogramas “no son del todo creíbles por lo que CBP no ha identificado todos los riesgos que muy posiblemente podrían demorarse”.

Los estados también lloran

Varios estados han entendido lo efectivo que resulta obtener fondos cuando se combinan algunos de los sinónimos del miedo a la inmigración ilegal para pedirlos. Texas está a la cabeza y lo ha logrado como parte del plan de blindar la frontera común con México.

En una decisión sin precedentes, el estado invertirá 800 millones de dólares en los próximos dos años en un operativo de seguridad diseñado para cerrarles el paso a los inmigrantes que entran a Estados Unidos a través de su frontera sur. De esta forma Texas se convierte en el estado fronterizo con México que más gasta en este esfuerzo. La inversión de Nuevo México, Arizona y California juntos es menor al uno por ciento de lo que Texas destina a este fin.

“Estamos añadiendo aún más dólares en nuevo personal policíaco, cámaras para detectar la actividad en la frontera, así como más aviones y botes que nos permitirán asegurar la frontera […] Ningún precio a pagar es suficiente para proteger la seguridad de las personas de éste país”, dijo a Univision el gobernador de Texas Greg Abbott.

Al defender la asignación presupuestal de 800 millones de dólares para la Operación Seguridad Fuerte (OSS por sus siglas en inglés) autoridades estatales enfatizan en la necesidad de incrementar la vigilancia en los 15 condados colindantes con México, con el propósito de frenar el flujo de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera. Paradójicamente, las autoridades estatales no pueden intervenir directamente con personas que entran sin documentos migratorios al país por tratarse de una responsabilidad del gobierno federal. De esta forma, el papel que desempeñan los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés) es limitado.

“Todavía hoy estamos viendo cerca de 15,000 personas cruzando la frontera cada mes, sin permiso para hacerlo”, dijo Abbott al ser cuestionado sobre el alto costo de la OSS. “Nosotros no sabemos quiénes son esas personas, lo que sí sabemos es que un número cada vez más grande es de países diferentes a México, países que tienen lazos con el terrorismo. Nuestro trabajo y mi trabajo como gobernador es asegurarnos de mantener a Texas a salvo”, añadió el funcionario.

Nueve de los 10 centros de detención más grandes de ICE son privados.

Pese a la multimillonaria inversión, durante los primeros nueve meses de aplicación de la OSS, de junio de 2014 a febrero de 2015, oficiales de DPS arrestaron tan solo a 53 personas sospechosas de cometer algún delito, de acuerdo con cifras entregadas por la agencia a Univision Investiga.

Durante el mismo periodo, en el cual se emplearon 102 millones de dólares en el operativo especial de vigilancia, los patrulleros estatales realizaron 156 confiscaciones de droga y siete de armas de fuego, casi lo mismo que gastar cerca de medio millón de dólares en cada una de esas acciones.

“No había visto estos números y me sorprende que estén tan bajos’’, reconoció a Univision el senador demócrata por Brownsville, Eddie Lucio. Estas cifras no fueron entregadas a los legisladores durante el análisis de la ley que dio vía libre a la financiación de los 800 millones de dólares para extender la OSS.

A pesar de la falta de información, Lucio votó a favor de expandir la OSS por dos años más.

Mientras la frontera se militariza las estadísticas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos apuntan a que el número de inmigrantes indocumentados aprehendidos se está reduciendo. Durante los primeros seis meses del año fiscal 2015 el número de aprehensiones se redujo en un 28% en comparación con el mismo periodo de 2014.

De septiembre de 2014 a marzo de 2015 se realizaron 151,805 aprehensiones, 60,000 menos que en igual período del año fiscal anterior.

“Es todo político, todo político”, opina la senadora demócrata por Houston al reflexionar sobre las medidas impulsadas por las autoridades de Texas para resguardar su frontera común con la república mexicana.

“Es mucho dinero para gastar en seguridad fronteriza, cuando ese no es el trabajo ni la responsabilidad del estado. Siempre dicen (las autoridades texanas) que es porque los federales no están haciendo el trabajo. Pero si ves los datos, los federales están allí”, finalizó la senadora que votó en contra del paquete de medidas que expandieron la OSS hasta el 2017.

Como parte del operativo de seguridad, cientos de efectivos de DPS fueron movilizados a los condados fronterizos. Un año después su presencia es más notable en tramos de la autopista 83 que conecta cinco condados de la región que en la frontera misma.

“Están pasando muchos ‘tickets’ porque no traen cinturón de seguridad, van a exceso de velocidad o se corrieron una luz. Pero eso no les pertenece, eso nosotros lo podemos hacer’, aseguró el alcalde de La Joya, José ‘Fito’ Salinas.

Según el funcionario, los oficiales estatales deben concentrar su esfuerzo en la lucha contra la violencia que el comercio ilegal de drogas genera en la región y no en hacer cumplir las leyes de tránsito. Salinas advierte que la municipalidad que dirige, 15 millas al oeste de McAllen, ha perdido la mitad de los recaudos habituales por las multas de tráfico que ya no expiden sus policías locales, provocando un problema presupuestal al ayuntamiento.

En el condado Starr las multas por infracciones de tránsito se dispararon un 233% en comparación con el 2012, de acuerdo con un análisis de El Paso Times.

Residentes de la región también han expresado preocupación por el alto número de oficiales estatales en las carreteras. Organizaciones como La Unión del Pueblo Entero (LUPE) han denunciado los casos de varios conductores que fueron puestos en manos del Servicio de Inmigración al no poder probar a oficiales de DPS su presencia legal en el país.

“Es una situación que crea pánico en la comunidad”, comentó John Michael Torres de LUPE.

Como parte de la expansión de la OSS, 250 nuevos elementos del DPS serán contratados en el transcurso de los próximos dos años.

Para el analista en seguridad Nelson Balido, la masiva movilización de patrulleros estatales a la frontera como parte del operativo especial de seguridad fue una decisión “precipitada”, salpicada de matices políticos.

“Lo de los niños no acompañados ya estaba pasando, pero fue cuando explotó en las noticias que todo el mundo quiso hacer algo […] Faltó inteligencia compartida entre las agencias para pensar en una mejor respuesta”, opinó Balido, para quien la mejor opción es aumentar la inversión del estado en las corporaciones policíacas locales.

Durante el mismo período en que oficiales del DPS pusieron en custodia a 53 personas bajo la OSS, agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo, al que pertenece la ciudad de McAllen, realizaron 7,099 aprehensiones. El presupuesto anual promedio de esta agencia es de 25 millones de dólares.

“Los condados saben más de su misma casa, de sus mismos pueblos, que cualquier otra persona que puedas traer de Dallas o de Houston o de Lubbock o de El Paso”, puntualizó Balido al criticar el traslado al Valle de Rio Grande de elementos del DPS entrenados en otras áreas del estado.

Las dos caras de FAIR

La Federación por la Reforma de Inmigración en Estados Unidos (FAIR, por sus siglas en inglés), es una de las organizaciones antiinmigrante más influyente en Washington.

FAIR propugna por una reforma radical y otras medidas que buscan la deportación del mayor número de indocumentados, la reducción al máximo de la inmigración legal y el fortalecimiento de las fronteras.

La organización se precia de contar con más de 250,000 miembros y seguidores tanto conservadores como liberales y de que sus miembros han testificado ante el Congreso de Estados Unidos. En sus oficinas se preparan informes sobre el tema y se diseñan estrategias de cabildeo (lobbying).

De acuerdo con su página de internet, FAIR invirtió 160,449 dólares en cabildeo en 2014.

Como contribuciones a victorias del movimiento antimigración FAIR cita el hundimiento en el Congreso de la reforma migratoria y las iniciativas de Arizona y Alabama.

Otras organizaciones han criticado a FAIR por sus vínculos con personalidades que promueven teorías sobre la superioridad de la raza blanca. Entre esas organizaciones está el Southern Poverty Law Center (SPLC), una fundación que monitorea grupos de odio.

SPLC sostiene que John Tanton, el fundador de FAIR y quien estuvo en la junta directiva de la institución hasta el 2011, ha hecho declaraciones que reflejan una sospechosa afinidad con las ideologías de grupos de odio como el Ku Klux Klan y los negadores del Holocausto.

“Sabemos lo que hay detrás. Sabemos las raíces de estas ideas. Sabemos que están conectados a grupos que han sido fundados por personas que apoyan el régimen Nazi”, dijo a Univision Tania Galloni, directora de SPLC de la Florida.

“No creemos en ninguna organización que trata de censurar el discurso político de otra gente o desacreditarlo”: Dan Stein.

Confrontamos al director de FAIR, Dan Stein, con el señalamiento de SPLC y nos respondió: “Bueno, nosotros no reconocemos a the Southern Poverty Law Center como una organización legítima. Ellos no tienen ninguna base para formular un juicio o algo parecido. ¿Quién los hizo dios del mundo?”.

Stein agregó que su organización está conformada por ciudadanos entre los cuales hay inmigrantes con puntos de vista sobre las políticas públicas.

“No creemos en ninguna organización que trata de censurar el discurso político de otra gente o desacreditarlo”, agregó.

En octubre del año pasado Stein nos recibió en las oficinas de Washington y amplió sus puntos de vista:

¿Cuáles son los objetivos de esta organización?
Nos encanta la historia de la inmigración, pero también reconocemos que una nación tiene que tomar opciones de inmigración basándose en la necesidad nacional y en las generaciones futuras. Así que la inmigración debe ser limitada y las fronteras aseguradas. Tienen que ser controladas. Como parte de nuestra autodeterminación nacional es importante saber qué tan grandes queremos ser. Hasta qué punto nuestra población debe crecer. Que la inmigración no sea una carga para este país y cree más problemas de los que resuelve.

¿Tienen ustedes hispanos en su junta de directores?
Bueno, no sé si tenemos un hispano-americano (Hispanic American) en nuestra junta, pero tenemos muchos hispano-americanos activistas y miembros. Pero le digo algo, este es un tema muy polarizado y desafiante. Un joven profesional hispano-americano que busque trabajar de nuestro lado estará bajo un enorme asedio y ridiculización por las organizaciones de cabildeo del otro lado.

¿En qué tipo de temas han cabildeado ustedes?
En el tema del proyecto de amnistía de la Banda de los Ocho [el proyecto de reforma migratoria aprobado por el Senado en el año 2013]. nos opusimos porque pensábamos que era una legislación mala.

¿Y cómo miden ustedes sus éxitos, no solo a nivel del Congreso sino de los estados?
Mirando si podemos o no construir una coalición de gente en todo el país. Si triunfamos en las batallas legislativas, si podemos llegar a más gente estadounidense a través de los medios de comunicación nacionales. Los estadounidenses se van a la cama cada noche pensando que pagan impuestos a un gobierno federal que no controla apropiadamente nuestras fronteras, y que la inmigración es una carga y un gravamen sobre nuestra infraestructura, nuestro sistema de educación y el mercado de trabajo. Manejar la inmigración es una de las funciones primordiales del gobierno federal. Si no se maneja eficientemente, como se puede ver en la campaña republicana, la inmigración es un tema que cambia el juego.

¿Cómo calculan ustedes el costo de la inmigración? En el mapa que tienen en internet dicen que el costo para California es superior a los 20,000 millones de dólares y para Texas es de casi 9,000 millones de dólares. ¿De dónde sacan esa cantidad?
Ok. Cualquiera que observe la política de inmigración de Estados Unidos va a notar una cosa, que los gobiernos estatales y el gobierno federal hacen un mal trabajo al determinar los costos, y por eso no recibimos información. Así que todo lo que usted puede hacer es trabajar con estimados. El gran costo de la inmigración ilegal, el costo directo, es la educación pública, tanto por los que están ilegales como por los nacidos aquí.

Pero es una fuerza laboral importante. ¿Cómo va a salir usted de los trabajadores hispanos?
Estamos hablando de gente que violó la ley, la mayoría de los cuales fueron traídos por traficantes de humanos. Al final, el problema del sistema ilegal de inmigración es que se basa en la explotación. Traficantes, empleadores explotadores. A los contribuyentes se les pide subsidiar el proceso a fin de ofrecerles a los empleadores una mano de obra barata. Eso está teniendo efectos devastadores en el mercado laboral estadounidense.

¿Y quien va a tomar esos empleos?

Hay trabajos que cubren los hispanos indocumentados porque los estadounidenses no los quieren.
México necesita a sus trabajadores. Ningún país debe tratar de prosperar enviando al extranjero a su gente industriosa. Cada país debe hacer su propio trabajo. Y los estadounidenses deben poner a su gente a trabajar.

¿Y cómo piensan que se pueda deportar a toda esta gente?
Bueno si ellos [el gobierno] no saben de cuánta gente estamos hablando, nosotros no sabemos cuál será el costo administrativo. Pero le puedo garantizar que con el tiempo va a costar menos llevar a cabo una remoción (deportación) humana correcta y con la garantía de todos los derechos, que continuar permitiendo que la gente venga ilegalmente, consiga la green card y se traiga a sus familiares.